La Ley de Garantías creará mil empleos y devolverá 2,9 millones de euros en impuestos a la economía regional

El Consejo de Gobierno ha aprobado la toma en consideración del anteproyecto de ley de garantía de ingresos y de garantías ciudadanas, que beneficiará a 23.379 hogares en el caso de la garantía de ingresos y a un total de 100.000 familias que podrán acceder a las prestaciones complementarias.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, y la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías, Inmaculada Herranz, han comparecido en rueda de prensa tras la reunión del gabinete para explicar el anteproyecto de ley que, según han destacado, ha sido avalado con un "amplio consenso".

Herranz ha subrayado que la garantía de ingresos para 23.379 hogares supone que se podrán beneficiar de esta medida 92.160 personas, de las cuales 37.900 son menores de edad.

Además, ha resaltado que tendrá un "alto retorno económico" para la región según un informe económico realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, puesto que por cada euro que reciban las familias, "retornarán 1,43 euros en forma de aumento de la producción".

A su vez, tendrá efectos directos sobre el consumo y el empleo, ha continuado la consejera, quien ha detallado que se estima que esta ley favorecerá la creación mil nuevos puestos de trabajo a tiempo completo y un aumento de la producción de 90 millones de euros, así como un retorno impositivo de 2,9 millones de euros.

Herranz ha señalado que la ley es un paso decisivo en un nuevo modelo de protección social, fundamentado en un derecho a la garantía de ingresos que da prioridad a las políticas activas de empleo, pero que se complementa, para quien no consiga empleo, con la puesta en marcha de una renta garantizada que tendrá el estatus de derecho subjetivo.

La cobertura de todas las necesidades de las familias de la región se apoya, según ha explicado la consejera, en el derecho de garantías complementarias, esto es, el acceso priorizado a los servicios públicos de educación, vivienda, transporte y acompañamiento para la inclusión social y laboral.

García Molina, por su parte, ha subrayado que, mientras que "muchos han dicho que Podemos era un peligro en un gobierno", la formación morada ha cumplido y, cuando esta ley se apruebe en las Cortes, la región estará a la cabeza de España y Europa en protección social.

Ha señalado que la ley puede ser tramitada y asumida "incluso con la prórroga de los presupuestos de 2018" y ha manifestado que se está a tiempo de que pueda se aprobada por las Cortes antes de que acabe la legislatura y se celebren nuevas elecciones en mayo de 2019.

Los dirigentes de Podemos han explicado que la memoria económica del anteproyecto de ley contempla una nueva inversión de 27 millones de euros y que supondría en total alrededor de 61 millones de euros, lo que representa el 0,3 % del presupuesto, "una muy baja inversión para un impacto tan grande", han dicho.