En los últimos 15 años han desaparecido el 23% de los cajeros automáticos en el país debido al cierre de oficinas bancarias y a la digitalización del sector. Una situación en la que un 55% de los municipios, donde reside un 3% de la población, carecen de cajero para atender sus necesidades de efectivo. En el caso de Castilla-La Mancha, según su Gobierno regional, 721 municipios de la Comunidad Autónoma -que representan el 78% del total-, en los que viven 438.000 habitantes -el 21% de la población de la región- están afectados por la despoblación.
Ante esta situación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha realizado un “Estudio sobre la retirada de efectivo en cajeros automáticos”, con el fin de que los ciudadanos que están en riesgo de exclusión financiera (zonas rurales y colectivos vulnerables) tengan más facilidades para poder acceder a este tipo de servicios.
Entre otras medidas, el estudio señala la necesidad de adoptar un marco legal que impulse fórmulas como el cashback y el cash-in-shop, muy extendidas en países de nuestro entorno, que permiten retirar efectivo en comercios locales. En el caso del sistema cashback, cuando el cliente compra un producto en un comercio y lo paga con su tarjeta bancaria o a través de una aplicación puede solicitar al vendedor que le cobre el precio de compra más una cantidad determinada. Esa cantidad adicional se le devolverá en efectivo. En el caso del cash-in-shop, no es necesario vincular la retirada de efectivo a una compra. El impulso de ambas fórmulas facilitaría que se extendieran los puntos de acceso al efectivo y la inclusión financiera de quienes no disponen de un cajero automático cercano.
Asimismo, la CNMC incluye las siguientes conclusiones en su informe: a la reducción del parque de cajeros en España a causa del cierre de oficinas bancarias y la digitalización, se une también la disminución progresiva del uso de efectivo, siendo las personas más jóvenes y las de mayor edad las que más lo utilizan. En 2021, menos del 36% de los ciudadanos en España declaraban utilizarlo como medio de pago más habitual, frente al 80% en 2014.