El mes de julio sigue siendo uno de los meses de vacaciones por excelencia, pero también se ha convertido, lamentablemente, en uno de los meses donde se producen las mayores oleadas de crímenes machistas.

Una dura realidad que nos muestran las estadísticas, que más allá de ser simples números, reflejan las vidas humanas que han sido arrebatadas y los menores que se han quedado huérfanos de madre.

Aunque tampoco debemos olvidarnos de los padres, madres, familiares y amigos -que no aparecen en las estadísticas- y que tienen que lidiar con la pérdida y con el inmenso dolor de tan injusta muerte.

En lo que llevamos de 2023 hemos lamentado el asesinato de 32 mujeres y un menor a consecuencia de una lacra que no da tregua ni se marcha de vacaciones, pues ocho de estos asesinatos se han producido en el pasado mes de julio.

Cada vez que una mujer es asesinada fracasamos como sociedad. Por ello conviene que nos preguntemos sobre qué es lo que está fallando; por qué tan solo una de las ocho mujeres denunció su situación y cuál es el motivo del aumento de jóvenes asesinadas. Y también debemos preguntarnos en qué situación está el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Una herramienta que fue aprobada con la unanimidad de los grupos políticos y que no puede quedar en papel mojado o en buenas intenciones.

Como he dicho en múltiples ocasiones, necesitamos un cambio social y político que asegure la protección de las víctimas por violencia de género y hacer efectivos en su totalidad los ejes en los que se basó el Pacto de Estado. Y, si fuera necesario, crear unos nuevos que sean más efectivos.

Especialmente, debemos fortalecer la protección en aquellos municipios que carecen de servicios reforzando la presencia de la Guardia Civil en las zonas rurales, tal y como establece la medida 77 de dicho Pacto, ya que las mujeres que sufren violencia en el medio rural no solo se enfrentan a la escasez de recursos y de información, sino que también viven en un entorno donde importa mucho el qué dirán y donde el silencio es aún mayor. Vuelvo de nuevo a mirar de nuevo a las estadísticas, pues 10 de las 32 mujeres asesinadas residían en municipios rurales y tan solo dos de ellas denunció su situación.

Por todos estos motivos, pido mayor concienciación social, respeto y protección para que esta puedan salir de la situación en la que se encuentran y vivir una vida digna y en libertad. Pero sobre todo, para que no tengamos que lamentar más asesinatos.

Carmen Quintanilla Barba es presidenta nacional de AFAMMER y parlamentaria honoraria del Consejo de Europa