A los católicos, y a otras muchas personas que no lo son, nos convendría considerar las ultimas leyes que ha impulsado nuestro Parlamento; las ya aprobadas y cuantas están por aprobar. No estoy indicando que nos opongamos a que el Congreso de los Diputados y el Senado legislen. Pero, ¿qué tipo de leyes han aprobado o aprobarán próximamente en el campo de la Persona, la Familia y el Bien Común? Sorprende que éstas contengan, por ejemplo, una concepción de la persona humana muy diferente de la que, en una sociedad plural, tienen millones de españoles o europeos; sorprende también que se afirme que la concepción que sobre el ser humano contienen estas Leyes sea la única válida; las otras no son progresistas y no deben aceptarse o defenderse: nos opondríamos a reconocer “los nuevos derechos”, que nuestra sociedad necesita para ser feliz y dejar tiempos oscuros.

También sorprende en esa concepción del ser humano que éste sea entendido de manera tan individualista. Y sorprende igualmente que la concepción de la sexualidad humana que aparece en la exposición de motivos de esas leyes esté carente de conceptos y de conocimientos elementales de la biología y de una sexualidad aceptable no por un creyente, sino también por personas con sentido común, pues casi todo está saturado de una ideología de género, que no tenemos por qué compartir quienes tenemos otro concepto de la antropología humana. De modo que, como expresaba no hace muchos días el arzobispo de Valladolid y todavía Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, esa concepción de la persona humana es inasumible, reitero, no por un creyente, sino por personas con sentido común.

Curiosamente esta sociedad nuestra vive esa ideología de género con una tranquilidad aparente, cuando tiene unas consecuencias tremendas en el campo de la educación, la sexualidad, la familia, la relación mujer-hombre. Todo lo cual se da también en leyes u ordenamientos de nuestra comunidad autónoma. Y estamos tan tranquilos, viendo el panorama desde el puente, tantas veces sin hacer nada, sin reaccionar, cuando se está atacando a lo que es el ser humano. Valga para despertarnos ver cómo analiza la Comisión Episcopal para el Apostolado Seglar, la Familia y la Vida de la Conferencia Episcopal Española una de estas últimas leyes, en trámite de ser aprobada y puesta en marcha. Estoy refiriéndome en concreto a la Nota de la Subcomisión para la Familia y la defensa de la Vida “A favor de la dignidad en igualdad de toda vida humana” (10/10/2022).

La Nota nace, pues, ante la tramitación de una Ley sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo; también ante la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas “trans” y para la garantía de los derechos humanos de las personas LGTBI. Y desea invitar a los miembros del Pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a reflexionar sobre estos asuntos.

Promulgar el aborto como un derecho ya es reprobable, pues supone como mínimo un atentado a la igualdad que supone permitir el aborto de embriones con alguna discapacidad hasta los cinco meses y medio; que se acepte que chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres es, por otra parte, un verdadero disparate. Pero hay más en esa posible puesta en marcha de esta Ley:  obligar a los médicos que rechacen realizar abortos a inscribirse en un registro de objetores de conciencia. Tan grave como eliminar el período de reflexión antes de abortar y la información sobre alternativas al aborto. Al menos la Ley del aborto de 2010, verdadera catástrofe para la sociedad, insistía en esto último, aunque haya sido olvidado y se ha insistido en reprobar a quienes, ante clínicas abortistas o sus alrededores, intentan persuadir a aquellas que desean abortar de un modo pacífico y respetuoso con estas mujeres, sin condenarlas. Es mucho mejor apoyar proyectos como nuestro “Proyecto Mater”: acoge y respeta totalmente a las mujeres que no desean abortar y no encuentran ayuda, ni a nivel nacional ni autonómico y municipal.

Respecto a la llamada Ley “trans”, todavía no aprobada, hay que decir alto y claro que en su articulado se contienen elementos realmente preocupantes de querer imponer la teoría queer. Ésta cuestiona radicalmente la identidad sexual de las personas, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, estableciendo e imponiendo una única concepción antropológica. Lo cual es un atentado contra la dignidad humana y, tal vez, la mayor amenaza existente contra la familia. De modo que el fundamento de esta posible nueva ley es justamente la ideología de género, que aparece por doquier en este momento de la humanidad.

Todo esto es sencillamente una colonización ideológica, que cualquier cristiano, pero también cualquier persona que piense con un poco de sentido común, debería rechazar. Por eso, los 10 puntos que fundamentan el rechazo de la Nota episcopal a semejante posible Ley, todavía no en tramitación, son materia suficiente para reflexionar individualmente o en grupo y darnos cuenta las “trampas” que encierra.

 Si la Iglesia sale al encuentro de las mujeres en riesgo de abortar porque se encuentran solas, sin recursos y un tanto engañadas, de las mujeres que han abortado y padecen las consecuencias de esta decisión, la Iglesia también acoge a las personas que sufren disforia de género y a las familias de los niños y adolescentes que experimentan confusión en su identidad y necesitan acompañamiento. Algo que no haría la llamada “Ley trans”, si fuera aprobada por el Parlamento español. Una buena llamada de atención a nuestra sociedad.

Braulio Rodríguez Plaza. Arzobispo emérito de Toledo