Un gobierno contra la ganadería

El ministro comunista de Consumo, Alberto Garzón, ha vuelto a soliviantar al sector ganadero-cárnico español con unas escandalosas declaraciones al periódico The Guardian. En su incendiaria entrevista al medio británico, declaró que España exporta carne de mala calidad y que no respeta el bienestar animal.

Todo el sector ganadero, las Organizaciones Profesionales Agrarias, la interprofesional cárnica, el conjunto del sector, han pedido el cese inmediato del ministro, petición de cese a la que se une VOX de manera rotunda.

VOX ya pidió la reprobación y el cese del ministro de Consumo en julio del año pasado, por los ataques constantes al mundo de la ganadería, al consumo de carne, al sector remolachero, al aceite de oliva, jamón ibérico y queso por su inclusión como "productos proscritos por Nutriscore" o al sector turístico y hotelero definiéndolo como "de bajo valor añadido".

Las declaraciones de Garzón

Concretamente, Garzón, refiriéndose al sector ganadero-cárnico, ha declarado: "Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000, 5.000 ó 10.000 animales. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esa carne de mala calidad de esos animales maltratados".

Las declaraciones al periódico internacional inglés se enmarcan en un contexto donde las exportaciones cárnicas españolas a Reino Unido crecen un 105 % en valor, en la última década, y el volumen de productos cárnicos exportados al país británico se ha incrementado un 70 % en los últimos diez años.

Se trata de un verdadero ataque del Gobierno de España a un sector agroalimentario exportador importantísimo para el interés nacional.

Estas afirmaciones se unen a los ataques a la ganadería y al consumo de carne de este Gobierno, basados en la Agenda 2030, agendas globalistas impulsadas por la industria animalista, apoyadas por importantes poderes económicos, también nos encontramos con la inclusión del lobo en el Lespre, las trabas administrativas al ganadero, recortes a la PAC, las leyes de bienestar animal o los cambios legales y de ingeniería social en la relación de las personas con los animales, todo con el fin concreto de acabar con la ganadería.

La cuestión de las macrogranjas

Todo este ataque a la ganadería lo tratan de disimular en relación con una supuesta cruzada contra lo que ellos llaman macrogranjas.

Realmente, las ideas animalistas que sostiene una parte importante de este Gobierno no quieren que haya explotaciones ganaderas en España, ni grandes ni pequeñas, utilizan el término de macrogranjas como una herramienta política para ir minando el concepto ganadero. En su cambio de paradigma animalista de derechos animales, descartan la ganadería a todos los niveles.

Ese término que utilizan los animalistas para atacar la ganadería como macrogranjas, no se encuentra recogido en ningún tratado de zootecnia, ni tampoco aparece en ninguna de las disposiciones vigentes del ordenamiento jurídico de España o de la Unión Europea.

El tamaño de granjas está limitado por ley, tal y como marca el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero. Asimismo, también está limitada por ley la distancia entre las granjas y entre éstas y cascos urbanos.

La normativa de purines es muy estricta a nivel europeo. Los niveles más estrictos de las normativas española y europea regulan dónde, cómo y cuándo aplicar los purines, no pudiendo sobrepasar los 170 kg de nitrógeno por hectárea y año en las zonas vulnerables y los 210 kg en el resto. Además, cada granja está obligada a disponer de un plan de producción y gestión de estiércol incluido dentro del Sistema Integral de Gestión de Explotaciones de ganado.

Las granjas están obligadas a disponer de balsas cercadas e impermeabilizadas para evitar el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Además, el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, limita las cantidades de purines por hectárea, tal y como se ha señalado en el punto anterior.

Es absolutamente totalitario y arbitrario plantear una moratoria para que no se den licencias para explotaciones ganaderas, como ya ha hecho Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha. Es inverosímil que sea el propio gobierno social comunista el que diga que no se cumple la Ley, cuando son ellos los responsables de hacerla cumplir y están gobernando.

La implicación de la industria con el mundo rural

En VOX hemos solicitado a la industria que se comprometa realmente con las zonas rurales, fomentar la creación de cadenas de valor en el territorio, que se construyan mataderos y salas de despiece alrededor de las granjas para generar cientos de puestos de trabajo en la zona, en vez de transportar los animales vivos hasta las instalaciones de la industria.

Impulsar Plantas de Biogás en la misma zona donde se encuentra la granja de tal manera que se creen puestos de trabajo (de 40-70 empleos) para conseguir reciclar dichos purines o conseguir sacar energía de estos. En estos momentos muchos de los purines se están transportando a plantas situadas en otros lugares, con lo que el empleo no se genera en el medio rural.

La Agenda 2030

Lo que dice Garzón no es más que lo que recoge el Gobierno en su agenda 2050, que es un desarrollo de la Agenda 2030. Las protestas de García-Page, Lambán u otros socialistas, ante las declaraciones de Garzón, son solo postureo.

No solo debería dimitir Garzón, debería dimitir todo el Gobierno por arruinar nuestro sistema productivo, atacar a agricultores y ganaderos, por su gestión errática de la crisis sanitaria, mentir constantemente, tratar de cambiar nuestra forma de vida y valores, e imponer agendas globalistas contrarias a España.

Garzón trabaja en contra de España, como el resto de este Gobierno irresponsable. Por ello, la Agenda España que defiende VOX es más necesaria que nunca.

Ricardo Chamorro es diputado nacional de VOX y portavoz de Agricultura, Pesca y Alimentación de su partido en el Congreso de los Diputados.