Carta abierta a Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social de la JCCM

Querida consejera:

Me llamo Rosa María Escamilla Martin, soy Educadora Social y delegada sindical de CCOO-Enseñanza en un centro de menores de CLM. Le escribo para decirle que todavía estoy recibiendo respuestas indignadas al wasap que remití el pasado miércoles a mis compañeras y compañeros del sector con el enlace a la nota de presa que emitió ese día su consejería anunciando que “El Gobierno de Castilla-La Mancha destina 8,2 millones de euros a la gestión y mantenimiento de los hogares y centros de menores”.

Asegura la nota que el Gobierno de CLM “ampara y protege a las niñas y niños de la región, y es tremendamente sensible a todas las necesidades de los colectivos sociales y, por supuesto, no puede olvidar a las niñas y niños que provienen de las familias más vulnerables, que se encuentran en los hogares de protección o acogidos en familias”.

No esperábamos menos de un Gobierno socialista cuando se trata de un servicio público que se sufraga con dinero público y que se ha declarado servicio esencial.

Pero lo que nos ha indignado es el deficiente conocimiento que muestra la nota sobre la realidad de los centros de menores de la región.

Para explicar la asignación de esos 8,2 millones de euros a las entidades “sin ánimo de lucro” que gestionan los centros, destaca la nota que “a lo largo de estos meses la situación de confinamiento y la consecuente suspensión en la actividad educativa presencial ha implicado la necesidad de que las niñas y niños que, en circunstancias normales, asisten a sus centros educativos y a sus actividades de ocio y tiempo libre, hayan precisado de apoyo extraordinario’ en la organización y la atención de dichas actividades, educativas como de ocio en el propio hogar, de forma acorde a las distintas etapas evolutivas y escolares, por parte del personal de los hogares”.

“Ésto, ha subrayado la titular de Bienestar Social, ha provocado la necesaria reorganización de turnos para la correcta atención de los niños y niñas a lo largo del día y ha supuesto el refuerzo de las plantillas de cada hogar o centro”.

Esto es lo que indigna a mis compañeras y compañeros, y a mí misma y a mi sindicato. Porque no conocemos ningún centro de menores de CLM donde la reorganización de turnos haya implicado coste alguno para las “entidades sin ánimo de lucro”; ni conocemos ninguna “entidad sin ánimo de lucro” que haya reforzado su plantilla.

Todos los esfuerzos los hemos asumido, sin contraprestación ninguna, los/as trabajadores/as. La reorganización de turnos se ha hecho a costa de ampliar nuestras jornadas hasta el doble y aún el triple de su duración habitual. Ya que algunas entidades no han cubierto ni las bajas que se han producido en las plantillas.

Y durante muchas semanas, lo hemos hecho sin EPIs, de los que no fueron capaces de dotarnos ni nuestras empresas ni su consejería; y sin que se nos realizara prueba alguna, lo que también puso en riesgo la salud tanto de los menores como de los trabajadores y de nuestras familias.

La situación no es nueva. Como usted sabe, Castilla-La Mancha es una de las pocas comunidades autónomas de España que no tiene aún reguladas ratios de atención de profesionales y usuarios. Así que, en esta región, las trabajadoras y los trabajadores llevamos décadas sosteniendo el sistema público de atención a los menores a costa de nuestras condiciones laborales y salariales.

Querida consejera: Nuestro sector viene reclamando, a través de CCOO -sindicato mayoritario entre las plantillas- la creación de una Mesa Tripartita, Administración y Agentes Sociales, donde se analicen las necesidades de los centros y de los usuarios; donde se definan y establezcan las ratios de atención mínimas y profesionalizadas; y donde las entidades asuman el respecto a los derechos laborales básicos, ya que a dia de hoy muchas de ellas que no aplican las condiciones del convenio sectorial.

Volvemos a reclamarle criterios claros de gestión de los recursos del sistema y de atención a sus usuarios, con transparencia, publicidad y concurrencia pública. Y con diálogo con el conjunto del sector, del que las plantillas son parte esencial. Eso sí lo dejó claro el estado de alarma, pero con las que no se cuenta para nada.