De la granja de terceros a la mesa comunitaria

Bruselas, 20 de mayo de 2020. La Comisión Europea aprueba dos estrategias: “Biodiversidad en el Horizonte 2030” y “De la Granja a la Mesa”. Queda en libertad la política verde comunitaria y se monta la guillotina para la agricultura y la ganadería europeas. La idea suena a canto de sirenas, pretende sentar las bases de la transición hacia la producción y consumo de alimentos más sostenibles, pero los planteamientos son una condena a muerte del sistema productivo de la Unión Europea.

Tal y como están diseñadas, la aplicación de estas dos iniciativas enmarcadas en el denominado “Pacto Verde Europeo”, pueden tener graves consecuencias socioeconómicas y medioambientales. Pero, sobre todo, puede provocar que nuestras despensas se llenen de alimentos de países extracomunitarios, con lo que la estrategia bien podría denominarse “De la granja de terceros a la mesa comunitaria”. En seguida veremos por qué.

Pero antes de entrar en la materia, y para entender cómo se desmonta nuestra agricultura de golpe y plumazo, es necesario repasar la defensa a ultranza que ha llevado a cabo la Administración nacional (ironía en estado puro). El Gobierno ha tenido una oportunidad histórica para proteger a los agricultores y ganaderos españoles, pero ya sabemos que esa no es su prioridad. Basta con ver cómo la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto en duda la profesionalidad, el esfuerzo y hasta la bondad de los empresarios agrarios en las inspecciones de trabajo, en las que preguntan a los empleados si son maltratados o esclavizados. Insto a la Ministra a hacernos a todos el mismo cuestionario pero, esta vez, sobre la clase política, porque quizá lo que nos tortura es ver cómo los 350 diputados optan por perseguir su sueño, que no es más que el de mantener su estatus y seguir bien instalados en su zona de confort.

Dicho esto, y volviendo a las estrategias aprobadas por la Comisión, veamos por qué son tremendamente lesivas para el desarrollo de la agricultura europea y, por ende, de la de nuestro país y, en particular, de Castilla-La Mancha por los condicionantes que ya presenta.

Aunque se trata de propuestas no vinculantes y, por lo tanto, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros tienen que emitir sus dictámenes antes de cualquier medida legislativa, la última palabra la tendrá la Comisión Europea y, si no se remedia, podría tener consecuencias nefastas para el sector.

A grandes rasgos, las iniciativas abren la posibilidad de incrementar las zonas protegidas, de que el 10 % de las tierras agrarias se destinen a elementos no productivos, de que el uso de plaguicidas se recorte en un 50 %, de que el uso de fertilizantes se reduzca un 20 % o de la obligación de que al menos un 25 % del total de la superficie agraria de la Unión Europea sea ecológica para el año 2030, entre otras cuestiones de igual índole.

Estas limitaciones y restricciones no son más que trabas, cortapisas y condicionantes a la agricultura productiva europea que incrementará, aún más, la dependencia de las producciones de terceros países, a pesar de que la ONU prevé que la hambruna se duplique a raíz de la pandemia del Covid-19.

En la actualidad, los lineales de los supermercados están colmados de productos de terceros países, y no solo me refiero a los tomates de Marruecos o las naranjas de Sudáfrica, sino también a los miles de productos que la industria agroalimentaria elabora con cereales estadounidenses o con aceite del girasol cultivado en Ucrania, por poner algunos ejemplos.

Pues bien, aunque ya hemos contado mil veces que jugamos con desventajas competitivas con respecto a los métodos de producción de fuera de la UE, si se limita nuestra capacidad productiva, no nos quedará más remedio que incrementar las importaciones. Primero, porque seremos mucho más deficitarios en algunos productos y, segundo, porque dudo que la gran distribución abandone (o sea obligada a abandonar) su filosofía de ofrecer el precio más barato, aunque ello suponga apretar a la industria para que abarate los costes, lo cual se consigue importando materias primas producidas con otras reglas de juego y, de paso, arruinando a nuestros productores.

Por otro lado, estas estrategias restrictivas e impositivas provocarán muchas más consecuencias nefastas, como el abandono de tierras, externalización de la huella ambiental a terceros países (la UE se vuelve más verde o ecológica a costa de desplazar su carga), burocracia adicional o la pérdida de nuestra independencia alimentaria.

Pero lo que más me indigna es que, mientras se aplaudía a nuestros héroes rurales y se llenaban bocas proclamando la esencialidad de los agricultores y ganaderos, se enmascara una cruel criminalización del sector y se culpabiliza a los productores de la contaminación y del cambio climático. Cosa que no es cierta pero que, si lo fuera, os aseguro que preferiría contaminar por seguir comiendo antes que por vestir o por viajar.

Por un lado, los niveles de contaminación han descendido muy notablemente durante la pandemia, poniendo en cuestión muchas de las acusaciones de determinados colectivos sobre el papel contaminante de la agricultura y ganadería. No está de más recordar que la agricultura y ganadería europea representan un 8 % del total de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la UE, que la UE es responsable de menos del 10 % del total de las emisiones del planeta y que, por tanto, la agricultura y ganadería europea es responsable únicamente de un 1 % del total de las emisiones mundiales.

Pero, por otro lado, y en relación a las limitaciones de fitosanitarios, fertilizantes y antibióticos, las estrategias europeas olvidan la importancia que revisten estos productos para salvaguardar la producción de alimentos, cómo se utilizan (de forma razonable y con precauciones de seguridad) y qué efectos tendrían las restricciones del uso de los fitosanitarios sobre la producción, el rendimiento, los precios de los alimentos y, en última instancia, sobre la seguridad alimentaria.

Si para los propios humanos utilizamos medicamentos para curar, detener o prevenir enfermedades, ¿por qué privar a los agricultores de unas herramientas esenciales para garantizar la salud de los animales y los cultivos?

En definitiva, para la aplicación de estas estrategias, se requiere de una debida consulta con las partes interesadas pertinentes. Estos dos documentos deben propiciar un debate en las instituciones comunitarias y entre los Estados miembros, así como la de todos los afectados (en lo que se refiere a fitosanitarios, antimicrobianos, fertilizantes...). Se necesita cooperación en lugar de nuevos requisitos.

Y en el plano presupuestario, sin querer ahondar en el asunto, subrayar que todo parece indicar que estas nuevas y mayores obligaciones no irán acompañadas de un nuevo presupuesto, algo inasumible puesto que no se puede pretender hacer más con menos dinero. Desconocemos la dotación que deberá tener en base al PIB europeo para cumplir con esas ambiciones.

Todo esto sin aclararnos tampoco cómo pretenden ajustar la próxima PAC, porque estas iniciativas ya ponen en duda conceptos tan consolidados como la seguridad alimentaria o el abastecimiento seguro, estable y saludable.

Así pues, termino dejándome en el tintero algunas otras cuestiones referentes a los esbozos de una dieta equilibrada que demoniza a un sector tan estratégico como la ganadería o el etiquetado nutricional que, sin un fundamento científico, puede inducir a error. Pero no sin invocar, entre tanta estrategia verde, al artículo 39 del Tratado de la Unión: “Aumentar la productividad agrícola a través del progreso técnico y asegurando la utilización óptima de los factores de producción, en particular la mano de obra y garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores”.

José María Fresneda es secretario general de ASAJA en Castilla-La Mancha