La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha alertado este lunes de la situación "límite" por la que atraviesan los avicultores de la región desde hace meses por la subida de precios.
En una nota de prensa, la organización agraria ha advertido de que los costes que asumen los avicultores se han "disparado" por la "brutal" inflación que afecta a sus diferentes partidas, y que el aumento de los costes de producción provoca que las pérdidas acumuladas no paren de subir.
De hecho, ha indicado que en lo que va de año ascienden a 57 millones de euros a nivel estatal y 4,26 millones de euros en la región.
UPA ha trasladado esta situación a la directora general de Alimentación, Elena Escobar, con la que se ha reunido para explorar herramientas que logren atajarla "de manera urgente".
En este encuentro, representantes de la organización agraria y del sector de la avicultura de la comunidad autónoma han explicado que el precio que perciben de las integradoras apenas ha variado, mientras que los consumidores ven en los establecimientos cómo el precio de la carne de pollo sigue subiendo.
Denuncia
Asimismo, UPA ha presentado de manera formal una denuncia ante la Dirección General que tiene las competencias regionales en el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, tal y como ha hecho la organización a nivel estatal.
Además, ha incidido en que la avicultura debería de ser uno de los sectores que también tenga apoyo y posibles ayudas directas, si finalmente la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural opta por poner en marcha la opción que la Comisión Europea permitió de aprovechar una parte de los fondos Feader para mitigar los efectos de la crisis energética y la guerra en Ucrania.
En este punto, ha recordado que Castilla-La Mancha tiene la oportunidad de utilizar unos 16 millones de euros.
De igual forma, ha señalado que crece el número de titulares de granjas de producción de carne de pollo cuyo futuro está abocado al cierre debido a la acumulación de pérdidas y la obligación que tienen de contraer deudas con sus proveedores, ante lo que ha solicitado el incremento de las inspecciones y que se excluya al sector de las ayudas a la incorporación de jóvenes en las próximas convocatorias porque "sería llevarlos a una situación complicada".