El Gobierno central ha aprobado un Real Decreto-Ley con 30 nuevas medidas económicas para paliar los efectos del COVID-19, entre las que incluye un paquete de medidas fiscales para liberar más de 1.100 millones de euros en liquidez a las empresas, especialmente a pymes y autónomos.

Así lo han anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que las nuevas medidas fiscales se dirigen a que las bases imponibles queden alineadas con la situación real de las empresas.

Calviño ha indicado que las nuevas medidas permitirán liberar más de 1.100 millones en liquidez para las empresas, sobre todo a autónomos y pymes, y ha destacado el "enorme esfuerzo" para abordar medidas que afectan a los ingresos y el gasto con el fin de reforzar la financiación de la economía.

En concreto, se ha aprobado que los trabajadores autónomos puedan realizar el cálculo del pago fraccionado del IRPF y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del IVA con el método de estimación objetiva, lo que permitirá que durante el periodo afectado por el estado de alarma se ajuste su pago a los ingresos reales. Además, no tendrá la exigencia de permanecer en ese sistema durante tres años, de forma que podrán volver a tributar por módulos en 2021.

Pago fraccionado

Asimismo, las pymes que calculan su pago fraccionado en función de los beneficios de ejercicios anteriores podrán cambiar de sistema y realizar el cálculo en función de los beneficios reales trimestrales, lo que permitirá reducir los pagos a cuenta. Ambas medidas permitirán un ahorro de 1.100 millones a los colectivos.

De igual forma, se descontarán del cálculo de los pagosfraccionados del IRPF y de la declaración del régimen equivalente del IVA los días naturales bajo el estado de alarma, con lo que se evitará que compute el impacto producido durante ese periodo excepcional. Estas medidas supondrán un ahorro estimado de 30 millones de euros en elprimer trimestre y beneficiará a 362.000 contribuyentes en el caso de los pagos del IRPF y de 200.000 en los pagos del IVA, según ha cifrado Hacienda en una nota.

El decreto también recoge medidas en el ámbito de la gestión tributaria con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. De esta forma, la normativa contempla que no se aplicará ningún recargo por el retraso en el pago de las deudas tributarias a las empresas que hayan solicitado un préstamo ICO avalado por el Estado relativo al COVID-19.

Con esta fórmula, el Gobierno busca evitar que las empresas conproblemas de tesorería sufran recargos. Una vez hayan recibido elpréstamo ICO, la deuda deberá ser saldada con la Agencia Tributaria.

IVA de productos sanitarios, libros y prensa electrónica

En el paquete de medidas fiscales se ha aprobado también de forma excepcional hasta el 31 de julio de 2020, establecer un "IVA a tipo 0%" para la importación de terceros países y compras dentro de la UE y España de este material sanitario esencial para combatir el COVID-19.

La medida, que tendrá un impacto de 1.022 millones, afecta a los productos sanitarios que tengan como destinatario una entidad pública, clínicas y centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social, ha explicado Calviño.

También se ha aprobado la reducción del 21% al 4% del gravamen del IVA aplicado a las descargas y suscripciones digitales de libros, periódicos y revistas, equiparándose a su versión en papel, con un impacto recaudatorio de 24 millones de euros.

Estas medidas refuerzan otras iniciativas aprobadas anteriormente por el Consejo de Ministros, como el aplazamiento del pago de hasta 30.000 euros en impuestos seis meses con tres de carencia de intereses; la moratoria fiscal de abril al prolongar la presentación de las declaraciones tributarias que debían presentarse ese mes -IVA trimestral, pagos fraccionados de Sociedades o IRPF- hasta el 20 de mayo; o las líneas de créditos avaladas por el ICO de hasta 100.000 millones, que en gran parte van destinadas a pymes y autónomos.