El Gobierno prevé destinar para 2021 una partida de 298.320 euros a repartir entre los cuatro expresidentes vivos con el fin de que cada uno de ellos (Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González) pueda recibir una asignación anual de unos 75.000 euros.

Esta partida la misma que figuraba en los Presupuestos de 2019 que no llegaron a ver la luz, supone un incremento del 33% con respecto a las cuentas del Gobierno Rajoy de 2018, cuando había 223.740 euros disponibles ya que entonces sólo había que repartir entre Zapatero, Aznar y González.

Desde 1992 rige un decreto que regula el Estatuto de los expresidentes del Gobierno para que, cada uno de ellos, pueda organizar una especie de oficina de representación a cuyo servicio se adscriben dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que son cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación.

Oficina, coche, chófer y más

Este personal, que se incluirá en la relación de puestos de trabajo correspondientes a la Presidencia del Gobierno, tendrá la consideración de 'personal eventual de gabinete' y, si fuesen funcionarios, pasarán a la situación de servicios especiales.

Igualmente, se pone a disposición de cada uno un automóvil de representación con conductores de la Administración del Estado, los servicios de seguridad que el Ministerio del Interior estimen necesarios, y se les otorga "libre pase" en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.

Además, se les facilita una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado. Esa cuantía se reparte a partes iguales y desde 2012 supone 74.580 euros para cada uno, según datos facilitados a Europa Press por el Portal de Transparencia.

Consideración y apoyo

Asimismo, y según el estatuto de los expresidentes, estos gozarán siempre "de la consideración, atención y apoyo debidos a quienes han desempeñado este cargo". Por eso deben ser tratados como 'presidente', ocuparán un lugar protocolario especial en los actos institucionales y cuando viajen al extranjero podrán contar con apoyo diplomático de las embajadas.

Al margen de estas cuestiones, los presidentes, como cualquier otro cargo alto cargo, tienen derecho a percibir una 'pensión' o indemnización por cese que asciende al 80 por ciento del sueldo durante un tiempo máximo de dos años desde el cese. Esa indemnización es incompatible con cualquier otro ingreso público y Rajoy, el último que podía pedirla, renunció a ella al volver a su condición de registrador de la propiedad.