El acceso a Internet en España va a cambiar para siempre, y todo en nombre de la protección de los menores. El anuncio del Presidente del Gobierno de una nueva ley integral que bloqueará el acceso al contenido pornográfico para los menores de edad conllevará la creación de un nuevo y complejo mecanismo, que deberá tener en cuenta tanto la protección de los menores como la privacidad de los internautas.
Ese es el mayor desafío al que se enfrenta la nueva medida estrella del Gobierno; tener listo para este mismo verano un sistema seguro, privado e inquebrantable para el acceso a determinadas páginas web. Pedro Sánchez dejó clara la motivación tras el diseño de este sistema: la protección de los menores. Según los datos de la propia AEPD, el 60% de los adolescentes consumen pornografía, una práctica que empieza a una edad cada vez menor: el 25% de los jóvenes menores de 12 años ya ha consumido este tipo de contenido para adultos.
La ley no nace de la nada: desde el 17 de febrero de 2024 entra en vigor en toda la Unión Europea la Ley De Servicios Digitales, que entre las nuevas obligaciones a gigantes de Internet como Google o Microsoft, incluye la protección de los menores al visitar páginas para adultos. Es una tarea que otros gobiernos ya han intentado con diferentes métodos y varios grados de éxito; la baza de España estará en la colaboración entre la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).
El problema de bloquear porno
Ya existen métodos para controlar el acceso a las páginas porno; sin embargo, esos bloqueos son primitivos, y en la mayoría de los casos, hacen lo mínimo para evitar una demanda judicial. El ejemplo clásico es una ventana emergente que pregunta al usuario si tiene más de 18 años, algo que, evidentemente, se puede saltar con una simple mentira.
El problema es que depender de algo más que en la honestidad del usuario supone dar un gran salto en términos técnicos. La propia arquitectura abierta de Internet hace muy difícil implementar un control estándar de acceso a ciertas páginas web, algo de agradecer cuando hablamos de acceso libre a la información, pero que es algo más molesto cuando hablamos de limitar el acceso a contenido nocivo y potencialmente criminal.
De ahí que, hasta ahora, la inmensa mayoría de los intentos de bloquear contenido en España hayan fracasado de alguna manera; ya sea con el bloqueo de páginas web piratas o de contenido terrorista o ilegal. Siempre hay una ‘puerta trasera’, o una manera de esquivar el bloqueo que los legisladores no tuvieron en cuenta en su día. A veces, simplemente la tecnología evoluciona y deja obsoletos los métodos tradicionales.
Cómo funcionará
Por eso, la solución que están desarrollando la AEPD y la FNMT no puede ser algo tan simple como un botón; pero tampoco puede ser tan complicado que restrinja el acceso a los adultos o peor aún, que permita el rastreo de los usuarios que acceden a las páginas porno. El escándalo de privacidad resultante podría dejar pequeño al de Cambridge Analytica.
Aunque aún no se han hecho públicos los detalles técnicos de esta solución, todo indica que todo dependerá del DNI; pero no será tan simple como insertar el número de nuestro carnet en la página, algo que puede ser fácilmente abusado con fines maliciosos. En vez de eso, el DNI serviría para obtener un certificado digital, ofrecido por la FNMT y protegido criptográficamente, que no tendrá datos personales y simplemente indicará que el usuario que quiere entrar en la página es mayor de 18 años.
El proceso sería muy parecido a la autenticación en dos pasos que muchos servicios como Google ya tienen, e implicaría el uso de una app en el móvil, en la que el usuario tendría que usar su DNI de la misma manera que la app de Mi Carpeta Ciudadana y otras apps similares del gobierno. Para acceder a la página bloqueada, sería necesario escanear un código QR con el móvil; la app sería capaz de usar la información de ese código para otorgar el certificado necesario a la página web, que desbloquearía el contenido al recibir la aprobación.
Para el usuario adulto, eso significa que tendría que usar la app cada vez que quisiera entrar en una página pornográfica que forme parte de esta plataforma; y en teoría, deberían ser todas, porque pueden ser multadas con entre un 2% y un 3% de su facturación anual si no lo implementan. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la que decida y aplique los criterios para determinar a una página como ‘pornográfica’. Por lo tanto, este proyecto es el trabajo conjunto de tres organizaciones independientes.
Cómo se hace en otros países
Sólo eso ya diferencia al proyecto español de otros similares. España no es la primera que intenta bloquear el acceso a la pornografía, ni mucho menos, pero sí que parece la más avanzada técnicamente.
Hasta ahora, la ley contra el porno más ambiciosa ha venido del Reino Unido, pero también ha sido la que más está tardando en implementarse: el proyecto original fue idea de David Cameron y suponía la creación de un filtro con una lista de páginas web consideradas nocivas. Esto evolucionó a un sistema que requería enseñar el documento de identificación a las páginas, y finalmente, la última versión incluye varios métodos de verificación, desde dar la cuenta bancaria hasta subir una fotografía reciente para que sea analizada por unos algoritmos que determinan la edad.
Todos esos son métodos que potencialmente podrían ser usados para vulnerar la privacidad de los usuarios si esa información termina en malas manos; y dependiendo del país, incluso pueden ser inconstitucionales. Esa fue la conclusión a la que llegó un juez en Texas, que temporalmente bloqueó una nueva ley que requería presentar una identificación a las páginas web con pornografía; y que provocó la marcha de gigantes del sector como Pornhub, que directamente bloquean todas las conexiones provenientes del estado.
Vistos estos fracasos, puede que la solución española sea la más completa y avanzada hasta ahora; aunque los desafíos que tendrá que superar hasta su lanzamiento no serán pocos, incluyendo la aceptación entre los usuarios.