El último golpe recibido contra las IPTV reveló una lista de usuarios que adquirieron futbol pirata por la app de chat Telegram. Ahora, un juez canadiense ha ordenado el pago de 86.477 euros a uno de los dos denunciados por Bell, Rogers y estudios de Hollywood por el suministro de contenido pirata a través de SmoothStreams.
En julio de 2022, el proveedor SmoothStreams tuvo que cerrar por la demanda de una serie de compañías entre las que se encontraban Bell Media, Rogers y estudios de Hollywood de MPA Canadá (The Motion Picture Association – Canadá). Después de que los dos acusados no cumplieran con los estrictos términos de una orden de registro e incautación, ambos se enfrentaron a un proceso por desacato.
A las semanas siguientes de que SmoothStreams recibiera la demanda de Bell Media, Rogers Media, Disney, Paramount, Columbia, and Warner Bros., el servicio recibió un ataque inesperado que generó que cesase de suministrar el contenido a través de una IPTV.
Un negocio sofisticado y lucrativo
Al mes, tras obtener el requerimiento judicial Anton Piller —que autoriza al demandante, su abogado u otro agente responsable de la incautación de artículos sin notificación previa al demandado con fines conservación o de prueba— se autorizaba a los demandantes la búsqueda de pruebas en los locales vinculados a la prestación del servicio: se incautaron decenas de receptores, codificadores y filas enteras de servidores en tres localizaciones distintas.
Pero no todo salió como se esperaba por parte de los demandantes, ya que incluso con el poder que se les otorgaba gracias al requerimiento judicial Anton Piller, se encontraron con una gran resistencia por parte de los acusados. Primeramente, Marshall Macciacchera y Antonio Macciacchera (hijo y padre respectivamente) fueron requeridos para revelar la información financiera y técnica de las operaciones del servicio. De hecho, Antonio negó cualquier implicación en la operación, una posición que a día de hoy todavía mantiene.
Imagen de parte de lo incautado a SmoothStreams
Ambos acusados se enfrentaron a procedimientos judiciales por desacato, pero el caso del padre avanzó más rápidamente. Sobre todo porque no se encontró ninguna evidencia que conectase a Antonio con la información técnica y financiera mostrada por el Juez Duchesne, que emitió una orden con 10 cargos relacionados con presuntas violaciones de la orden Anton Piller; de los cuales seis finalmente fueron fallidos.
En una orden dictada por el presidente del Tribunal Supremo Crapton, los demandantes exigieron el pago inmediato de 110.343 euros. El equipo legal de Antonio propuso una cantidad mucho menor: 6.801 euros debido a que la cantidad era apropiada a la luz de los seis cargos fallidos y cualquier cantidad posterior que impusiese el Tribunal.
Imagen de SmoothStreams antes de ser desmantelado
Antonio siguió insistiendo en que no tuvo ningún papel en SmoothStreams. Los demandantes y Tribunal tenían que enfrentarse a un expediente complejo y un negocio supuestamente ilegal que el juez Lafrenière definió con anterioridad que era altamente sofisticado y lucrativo.
Al negar el permiso, según Torrent Freak, para que el Abogado Supervisor Independiente (ISS) entrase en su casa y ejecutara la Orden Provisional de Rochester, Antonio desobedeció esa orden y desafío al Tribunal. Presumiblemente, el objetivo de la orden era evitar la destrucción de pruebas o el traslado de fondos. De hecho, impidió que se vinculase a Antonio con los seis cargos fallidos. Finalmente, el juez dictaminó una reducción del 25 % que se aplicó el 15 de diciembre de este año con un pago total de costos por 86.477 euros.