El mundo todavía no se había recuperado de los ataques terroristas del 13 de noviembre en París cuando se produjo un nuevo ataque presuntamente vinculado al terrorismo islámico. Fue en San Bernardino, una localidad californiana cercana a Los Ángeles. Syed Farook y Tashfeen Malik, un matrimonio, entraron armados con armas semi-automáticas en un auditorio donde se celebraba un banquete del Departamento de Salud Pública en el que participaban al menos cien personas. Catorce personas murieron y 22 fueron heridas.
Los sospechosos se dieron a la fuga, que concluyo en un tiroteo en el que ambos tras herir a dos policías. Este acto terrorista ha dado pie a un conflicto que pocos esperaban, y es un enfrentamiento entre Apple -a quien apoyan un buen número de empresas tecnológicas, entre ellas Google- y el FBI y las agencias de seguridad e información.
El iPhone 5C de la discordia
Tras el tiroteo, la policía encontró en el Lexus IS300 negro un iPhone 5C azul que pertenecía a Syed Farook. Y aquí empieza el lío. Al parecer, alguien intentó acceder al terminal introduciendo varios códigos códigos erróneos, bloqueando el terminal. Otro problema al que se enfrentan los investigadores es que la copia de seguridad cuenta con más de un mes de antigüedad por lo que no refleja los últimos movimientos del presunto terrorista.
Apple asegura que alguien modificó la contraseña de iCloud después del tiroteo -aparentemente, alguien de la policía de San Bernardino-. De no haberse hecho, los de Cupertino aseguran que podrían haber activado una copia de seguridad automática para acceder a la información, pero ese reseteo se lo impide. El FBI, por su parte, asegura que este hecho no tiene por qué impedir que Apple acceda a la información.
Llega la orden judicial y empieza el incendio
Tras dos meses tratando de forma infructuosa desbloquear el terminal, el FBI logró una orden judicial que obligaba a Apple a colaborar con los investigadores y facilitarles el acceso a la información del iPhone bloqueado.
Aunque en principio esta orden se refiera a este caso específico, Apple y buena parte de la industria tecnológica lo han interpretado como una petición expresa para crear puertas de acceso traseras a sus terminales de forma que los investigadores puedan acceder en caso de necesidad. En una carta abierta a todos los consumidores, Tim Cook criticó de forma muy dura esta petición, asegurando que “las implicaciones de esta petición son escalofriantes” y que “van mucho más allá del caso legal al que nos enfrentamos”.
“El gobierno está pidiendo a Apple que hackeemos a nuestros propios usuarios y socavemos décadas de avances que protegen a nuestros usuarios -incluyendo decenas de millones de americanos- de cibercriminales”, apunta Cook. “Si el gobierno puede usar el ‘All Writs Act’ para facilitar el desbloqueo de tu iPhone, podría tener el poder de introducirse en cualquier terminal para capturar su información”.
La industria se posiciona
Google se posicionó en favor de Apple a través de una serie de twits de Sundar Pichai en los que aseguraba que «sabemos que la ley y las fuerzas de seguridad tienen grandes retos a la hora de proteger al público del crimen y del terrorismo. Nuestros productos son seguros para mantener vuestra información a salvo y damos acceso a las fuerzas de seguridad a información en base a ordenes judiciales válidas“.
Jan Koum, CEO de Whatsapp, también se posicionó a favor de Apple, igual que han hecho Twitter y Facebook. Sin embargo, no todo el mundo en la industria se ha puesto a favor de los de Cupertino. Bill Gates, por ejemplo, es favorable a que Apple facilite acceso a los datos ya que están pidiendo un caso específico y no algo «general».
Apple ha recurrido la orden que le obliga a colaborar con el FBI proporcionando software específico y asistencia técnica en el caso del iPhone bloqueado. Parte de su defensa se basará en considerar el código como una forma de expresión, quedando así bajo la protección de la Primera Enmienda que garantiza la libertad de expresión y en apuntar a que el Gobierno se excede en la aplicación del All Writs Act, una ley que data de 1789 y que permite a las cortes federales emitir todos los decretos necesarios para ayudar a sus respectivas jurisdicciones.
Trump pone la cuota circense
Por su parte, un Donald Trump desatado en plena carrera electoral no pierde ocasión de entrar como un elefante en una cacharrería en cualquier polémica de la que pueda sacar tajada mediática. El millonario ahora metido a político aprovechó para llamara a los ciudadanos a realizar un boicot a Apple mientras la compañía no colabore con las autoridades.
No es la primera vez que Trump atiza a Apple, a la que ha criticado repetidamente por fabricar sus dispositivos fuera de Estados Unidos y ha asegurado que si llega a la Casa Blanca (que Dios nos coja confesados) obligará a los de Cupertino a fabricar en territorio americano.
El espionaje masivo, el telón de fondo
No se puede explicar la polémica alrededor del iPhone de San Bernardino sin tener en cuenta los escándalos de espionaje masivo como el sacado a la luz por Edward Snowden. Casos como PRISM demuestran que la NSA y otras agencias gubernamentales han espiado de forma masiva a sus ciudadanos y a extranjeros, en muchos casos con la colaboración -o como mínimo no oposición- de empresas como Facebook, Google, Apple o Microsoft, muchas de las cuales ahora se han levantado en armas en defensa de la privacidad.
No cabe duda de que es un tema espinoso, y que es posible que la información que contiene ese iPhone 5C azul pueda llevar a evitar otro ataque terrorista. O puede que no. Apple debería facilitar el trabajo del FBI en caso de que tuviera garantías de que esta colaboración no podrá en riesgo la seguridad de millones de usuarios, garantías que parece que no tiene.
El FBI insiste en que no busca crear ningún antecedente, pero lo cierto es que el caso podría sentar jurisprudencia. Apple entiende que lo que quiere el Bureau es que se cree una puerta trasera que le permita acceder a cualquier terminal, y eso sin duda sería algo tremendamente peligroso. Nada garantiza que cibercriminales pudieran aprender a usar estos accesos, e incluso en el caso de que así fuera, nada garantiza el su buen uso por parte de las agencias de seguridad, que ya tienen un historial de abusos en este sentido.
El eterno debate de la seguridad y la privacidad
No se puede descartar que Apple, Google y todas las compañías que se han levantado contra la orden judicial lo hagan sólo de cara a la galería para limpiar su imagen ante los usuarios. Sin embargo, estamos ante un episodio que apunta a ser clave en un debate que se extiende desde los atentados del 11 de septiembre: ¿Qué debe estar por encima, la seguridad o la privacidad?
No se puede perder de vista una elemento: prácticamente toda nuestra información personal está contenido en nuestros smartphones. No sólo mensajes o fotos en pelota picada, también nuestras cuentas corrientes, nuestra localización y los lugares en los que estamos y en los que hemos estado. Cualquier facilidad de acceso a ellos es un peligro fundamental gravísimo para cualquier individuo, tanto como un ataque terrorista.