Nuevo asalto en el larguísimo combate interno de la SGAE. En medio de la alerta sanitaria que tiene al país semiparalizado, la presidenta de la entidad, Pilar Jurado, tendrá que enfrentarse este miércoles a una moción de censura, después de que 22 de los 35 miembros que conforman la junta directiva hayan pedido su cese con una carta dirigida a Eduardo Ezpondaburu, nuevo secretario general de la SGAE, y al Subdirector General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, Carlos Guervós, según ha informado esta mañana El País.

La posible destitución de Jurado llegaría dos meses y medio después de que la entidad de gestión de derechos de autor más importante de España consiguiera, después de tres intentos fallidos, aprobar los nuevos estatutos que ajustaban —al menos en teoría— su funcionamiento a la legalidad española y europea, aunque aún no han sido ratificados por el Ministerio de Cultura, que no ha frenado de momento su intento judicial de intervenir la entidad. El Cultural ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto por teléfono directamente con la presidenta y su equipo de comunicación ha rehusado hacer ningún tipo de declaración al respecto.

Uno de los miembros de la junta directiva que ha firmado la petición para convocar la moción de censura es Fermín Cabal, vicepresidente por el Colegio de Gran Derecho (que aglutina a los autores de teatro, ópera y danza). Según explica a El Cultural, los firmantes han querido apoyar a la presidenta desde que fue nombrada el 27 de febrero (en sustitución de José Ángel Hevia, que fue destituido también por una moción de censura), pero ciertas actuaciones han acabado con su paciencia. “Me da la impresión de que ha cambiado su manera de actuar, cediendo demasiado a presiones internas, anticipando dineros y haciendo nombramientos que alteran el organigrama de nuestra sociedad, algo que debería ser aprobado por el Ministerio de Cultura, que es órgano tutelar de la SGAE”, afirma Cabal, que se autodescarta como candidato a la presidencia y tampoco aporta posibles nombres.

Un aliciente más para mover ficha ha sido la grave crisis actual provocada por la pandemia de Covid-19. "Hemos llegado a la conclusión de que es necesaria la moción de censura porque con la situación demencial que estamos viviendo, la SGAE está sufriendo un deterioro recaudatorio inevitable que probablemente superará un tercio de la recaudación habitual, vamos a entrar en una situación de crisis económica que hay que gestionar bien", señala Cabal. "Necesitamos que los ministerios de Cultura, Hacienda e Industria nos atiendan porque nos encontramos en una situación de catástrofe. Somos un colectivo aparentemente boyante porque la gente siempre piensa en los artistas de éxito, pero la inmensa mayoría de los 135.000 socios de SGAE es gente que se gana la vida en situaciones muy precarias".

Presiones de la 'rueda'

Un asunto clave en la guerra interna de SGAE es el de la llamada “rueda”, el escandaloso método, en manos de la justicia, por el cual algunas cadenas de televisión se han reembolsado durante años buena parte del dinero que pagaban a SGAE, en connivencia con algunos músicos socios de la entidad, que se han lucrado de manera desproporcionada por la emisión de composiciones suyas (y de terceros, registradas fraudulentamente a su nombre) en la franja nocturna televisiva. Esta guerra afecta directamente al Colegio de Pequeño Derecho (músicos) y al Colegio de Editores Musicales, pero salpica a toda la entidad. La nueva Ley de Propiedad Intelectual ha tratado de poner coto al asunto haciendo que la música emitida en la franja nocturna no pueda suponer más de un 20% de los derechos de autor generados por la música emitida en televisión. Con esta medida, Jurado dio por zanjado el problema, pero Cabal opina que ese desequilibrio sigue afectando al reparto de derechos dentro de la entidad. “Debido a presiones internas, se están tomando decisiones sobre repartos que aún están en manos de los tribunales, con el peligro de que llegue alguna sentencia que nos ponga en una situación contable irregular”, explica el vicepresidente del Colegio de Gran Derecho.

A modo de ejemplo de las presiones internas que ha recibido la presidenta, Cabal menciona una reunión de la junta directiva relativa al anticipo de repartos de derechos en la que votaron 14 miembros del Colegio de Pequeño Derecho (que tiene un total de 16) vinculados a la rueda, que habían sido desautorizados por la comisión deontológica para votar en temas de reparto de derechos. “Ante eso, la gente de la rueda ha estado presionando a Jurado para que nombre otra comisión deontológica”, afirma Cabal, que reconoce la difícil situación de la presidenta para lidiar con esas presiones.

Nombramientos sin visto bueno

Por otra parte, a los firmantes no les ha sentado bien el reciente nombramiento de Clifton Williams como subdirector general de la entidad, cargo que no existía previamente. “Se trata de un cambio en el organigrama, algo que debe ser autorizado por el Ministerio de Cultura”, insiste Cabal. Williams tiene una larga trayectoria en SGAE. Fue miembro de la junta directiva durante cuatro años, el último de ellos como vicepresidente por el Colegio de Editores Musicales. Con la llegada de Jurado, pasó al equipo directivo de la entidad como director de reclamaciones y en los últimos meses ha ejercido como coordinador back-office, antes de asumir su nuevo puesto.

“Clifton es una persona que lleva mucho tiempo en SGAE y conoce muy bien el sector, hay que reconocerlo. Tiene una gran competencia profesional, pero no soy partidario de su nombramiento porque lo lógico es que se hubiese integrado en un equipo más amplio, pero desgraciadamente la actual presidencia ha preferido un sistema de validos”, opina Cabal. “El tema de fondo es quién manda aquí. Los colegios reclamamos una autonomía mayor, porque pensamos que la gestión de la propiedad intelectual sería más agil y más eficaz, pero la presidenta prefiere hacer las cosas y luego informar a la junta, en vez de debatir los asuntos con la junta antes de tomar decisiones. Hay que recordar que los nuevos estatutos, aprobados por el 85 % de los votos, hacen hincapié en un mayor poder de decisión de la junta”.