José Miguel Fernández Sastrón, presidente de SGAE. Foto: Estanis Núñez

Enésima batalla en SGAE. En medio de una profunda y crónica división interna, la principal entidad de gestión de derechos de autor se prepara para la liberalización del sector y vota el 21 de junio una reforma que reduciría la junta directiva a la mitad y otorgaría a los socios el poder de elegir directamente al presidente en elecciones. La oposición denuncia connivencia con "la rueda" televisiva.

El próximo 21 de junio la asamblea de socios de la SGAE está llamada a las urnas para aprobar o rechazar una importante modificación de los estatutos de la entidad de gestión de derechos de autor más importante y veterana de España, que cuenta con 124.040 afiliados. Es obligatorio hacer una reforma de los estatutos para acatar el decreto-ley del pasado 13 de abril que traspone a la normativa española la directiva europea 2014/26, pero los que ha diseñado el equipo directivo encabezado por el presidente, José Miguel Fernández Sastrón, vienen acompañados como de costumbre por una fuerte división interna, ya crónica, en el seno de la institución, ya que sus detractores consideran que la reforma propuesta no se limita a acatar la nueva normativa sino que incluye otras modificaciones que supuestamente favorecerían a Sastrón.



Para poder llevar los nuevos estatutos a votación en la asamblea, formada por todos los socios con derecho a voto, primero tuvieron que ser aprobados por la junta directiva, lo cual se logró, tras un empate, con el voto dirimente del propio presidente. En desacuerdo con esta actuación dimitieron el vicepresidente del Colegio Audiovisual, Miguel Hermoso, e Inés París, presidenta de la Fundación SGAE. La desconfianza de la oposición es tal que algunos socios reclamaron el lunes al Ministerio de Cultura, sin éxito, la presencia de un observador que garantice la limpieza de la próxima votación en la asamblea.



¿Y cuáles son los cambios que introducirían los estatutos redactados por el equipo de Sastrón? En primer lugar, para cumplir con el decreto-ley promulgado por el Gobierno que traspone la directiva europea, se creará un órgano de supervisión formado por profesionales independientes en aras de una mayor transparencia y control de su funcionamiento interno y de sus cuentas.



En segundo lugar, Sastrón pretende que sean directamente todos los socios con derecho a voto, y no la junta directiva, quienes elijan al presidente. Una junta directiva que, además, se reduciría a poco más de la mitad, pasando de 39 a 21 miembros. Sin embargo,

Quienes sostienen que quiero perpetuarme no han leído el reglamento de SGAE, que limita el mandato a dos años"

Sastrón asegura que su única intención es "convertir una oligarquía en una democracia y eliminar la política de pasillo", declara el presidente de SGAE a El Cultural. Además, se eliminaría el actual consejo de dirección, de 14 miembros, "evitando duplicar la presencia de personas que están también en la Junta, lo que también supondría un considerable ahorro en dietas, viajes, etc.", señala el equipo de Sastrón.



Sus detractores, en cambio, creen que con esta drástica reducción del tamaño de la junta directiva y la eliminación del consejo de dirección, Sastrón pretende quitarse de en medio a buena parte de la oposición que tiene dentro de ella y que dificulta su gestión.



Si el próximo 21 de junio la asamblea aprueba los nuevos estatutos, para lo que se necesitan dos tercios de los votos, la intención de Sastrón, asegura, es convocar nuevas elecciones el próximo mes de octubre, antes de la fecha en que oficialmente acaba su legislatura, en febrero de 2019.

A vueltas con "la rueda"

Otro de los motivos causantes de la división interna en SGAE es la llamada "rueda" televisiva. Consiste en que las televisiones emiten de madrugada programas musicales en los que se interpretan obras cuyos derechos pertenecen a editoriales musicales de su propiedad, de modo que buena parte de lo que pagan a SGAE se lo vuelven a embolsar cuando se realiza el reparto de derechos.



La rueda es una práctica en principio legal pero, según quienes se oponen a ella, moralmente reprochable: ha beneficiado a una minoría de socios que ha registrado en pocos años decenas de miles de obras (tantas que llegaron a inscribirlas, por pudor, a nombre de testaferros, y en algunos casos tratándose de obras de dominio público a las que cambiaban unos cuantos arreglos), todo ello en connivencia y reparto de beneficios con las empresas de televisión, que adquirían esas obras para su catálogo. La importancia de la rueda es tal que ha llegado a recaudar en un año el 70% de todo lo que SGAE ingresa por derechos musicales recaudados a las televisiones, mientras que la franja en que estas obras se emitían solo contaba con una audiencia del 1 %.



Por otra parte, los defensores de la rueda siempre han manifestado que el acoso a esta práctica procede de las grandes multinacionales del negocio de la música, porque se ven excluidas de ese acuerdo. El actual presidente, que ha defendido y reconoció en su día que algunas de sus composiciones forman parte del catálogo de las editoras asociadas a las televisiones que llevan a cabo esta práctica, pide que no se meta a todos los participantes en el mismo saco, ya que algunos de ellos sí han cometido fraudes que han sido investigados por la policía.



"Las televisiones tienen la capacidad de determinar una programación musical que, cuando es de sus propios catálogos, les beneficia. Eso es algo que simplemente depende de la programación que ellos hagan, no es una cuestión que dependa de los reglamentos ni de la normativa de SGAE", recalca Sastrón.



En otros países, explica el presidente de SGAE, las entidades de gestión y las televisiones negociaban para establecer un límite al retorno que estas podían recibir. "En España se intentó limitar a un 15 % hace unos años, cuando el asunto de la rueda tuvo más eco en los medios de comunicación, pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determinó que no era legal establecer límite alguno, al considerarlo una práctica restrictiva de la competencia", explica Sastrón. También, hace apenas unos días, la SGAE ha anulado el laudo que, tras el arbitraje amistoso de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), redujo los beneficios de "la rueda", ya que aconsejaba un límite de entre el 10 y el 20 % para los ingresos de la música emitida en televisión durante la franja nocturna para esta práctica. La anulación se ha hecho efectiva acatando una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a raíz de una demanda interpuesta por Grupo Editorial Telecinco y Música Aparte (editora de Atresmedia), al considerar que la entidad violó sus estatutos al acudir a un árbitro para cambiar su sistema de reparto.



Por tanto, en los nuevos estatutos no habrá limitación para los beneficios de la rueda y, además, se permitirá -lo que también ha generado protestas- que los ingresos que SGAE obtiene de los establecimientos abiertos al público que cuentan con un aparato de televisión también se repartan a la música emitida en la franja nocturna, cosa que Sastrón defiende porque dentro de ellos, además de cafeterías o tiendas "también hay hoteles, por ejemplo" y en ellos los clientes ven la televisión por la noche.



270 miembros de la oposición han firmado un manifiesto contra los nuevos estatutos, donde declaran que Sastrón quiere "perpetuarse en el cargo con el apoyo de los músicos de la Rueda", a lo que él responde: "Quienes sostienen que quiero perpetuarme en el cargo no han leído en el diccionario qué significa 'perpetuarse' ni se han leído el reglamento de SGAE, que limita el mandato del presidente a dos legislaturas".

Irrumpe la empresa privada

Además de perseguir una mayor transparencia y control de las entidades de gestión de derechos de autor, la directiva europea y, en consecuencia, el decreto-ley promulgado por el Gobierno, liberaliza el sector permitiendo la entrada de operadores privados tanto españoles como extranjeros.



Para Sastrón, la liberalización del sector es negativa porque, con ella, "se pierde el carácter colectivo y solidario" de las entidades de gestión. Porque la entidad, destaca el presidente, además de recaudar y repartir entre sus socios los ingresos por derechos de autor correspondientes, les da prestaciones sanitarias, formativas e incluso ayudas económicas para socios en situación de precariedad. Entre seguros sanitarios, ayudas a la vivienda o ayudas de emergencia social, SGAE gastó 507.365 euros el año pasado. De hecho, todas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que operan en España (AIE, EGEDA, CEDRO, VEGAP, DAMA, AGEDI, AISGE, además de SGAE) son, porque así lo exigía hasta ahora la legislación española, entidades sin ánimo de lucro. Con el nuevo marco jurídico, a juicio de Sastrón, "la gestión de derechos de autor se convertirá en un negocio. Las entidades privadas tendrán que dar beneficios, y esos beneficios se obtendrán a costa de los autores", asegura Sastrón.



"La privatización de la gestión de derechos de autor nos devuelve al siglo XIX", continúa Sastrón. "Parece que es algo moderno, pero en realidad nos devuelve al escenario por el que se crearon las entidades. Los autores estaban sometidos a una gestión de derechos selectiva. Lo que van a hacer los operadores privados es recaudar los derechos de los autores más rentables, lo que dejará a los menos rentables desasistidos. El concepto solidario se perderá y también el elemento esencial de la gestión colectiva, que es la negociación colectiva", augura el presidente de SGAE. No obstante, confía en que el decreto-ley, aún en proceso parlamentario, sufra alguna modificación con la entrada del Gobierno socialista de Pedro Sánchez.



@FDQuijano