Julian Opie. Es el artista que cobró 50.000 euros del Campus de la Justicia por un proyecto de escultura pública que nunca llegó a realizarse. Lo sé porque yo formé parte del jurado que, en contra de mi parecer, lo eligió entre los candidatos que respondieron a la convocatoria. Todo fue un poco raro.

Empecé a rebobinar cuando el lunes pasado leí en El País la primera referencia a ese gasto entre las muchas noticias que van apareciendo estos días en los medios glosando el Informe de Fiscalización de la Empresa Pública Campus de la Justicia de Madrid, S.A., aprobado por el Consejo de la Cámara de Cuentas el pasado 22 de marzo (se puede descargar aquí). No pensé que aquel importe se hubiera entregado al artista, pues las obras se paralizaron muy pronto y de la escultura nunca más se supo. Pero sí, el recibo ha aparecido en las cuentas. El informe dice exactamente sobre este asunto:

Lo que cobró Opie por una obra no realizada es verdaderamente una minucia en comparación con los 14 millones de euros que se pagaron a Norman Foster por dos proyectos arquitectónicos tampoco llevados a cabo, y en su caso sí es reprochable –quizá incluso punible– pues su contrato (ver página 18 del PDF) estipulaba un calendario de pagos fraccionados que debería haberse detenido en la fase de entrega del anteproyecto o el proyecto básico.

A pesar de que nunca se hizo referencia a ello ni en la convocatoria oficial ni en la reunión del jurado, yo imagino que alguien debió planear que el presupuesto de la obra de Opie se cargara al "uno por ciento cultural" que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas tienen la obligación de invertir en conservación o incremento patrimoniales en cualquier obra financiada por esas administraciones. El 1% de la Ciudad de la Justicia iba a ser un pico gordísimo y en la Comunidad de Madrid (como contaba hace ya unos años en otro artículo de este blog) sí se compraban obras de arte contemporáneo con ese fondo, cuando en otras partes las actuaciones son siempre de rehabilitación de patrimonio histórico o de rotondismo tremebundo. Además, dado que intervenir en la rotonda iba en la onda habitual de estas inversiones, la propuesta podría haber sido aprobada sin problema.

Los 50.00o euros son también calderilla frente a los costes de la exposiciones que se organizaron para promocionar el proyecto de la Ciudad sin Ley, en particular de la titulada Iustitia. La Justicia en las artes, que se montó en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid. (¿Por qué allí? La Comunidad de Madrid tiene salas propias que habría sido más barato ocupar). El capítulo de gasto más cuestionado en las sucesivas investigaciones e informes es el de publicidad: más de un millón de euros que se adjudicaron a dedo entre cuatro empresas (lean más detalles en el acta de la comparecencia de Alfredo Prada ante la Asamblea de Madrid  en 2016, pág. 5929). Lo que a mí me ha llamado la atención es el papel de la Fundación Arte Viva en todo este tinglado y, tirando un poco del hilo, en otros eventos de marcado carácter político y elevadísimo presupuesto en esos mismos años. En el próximo post les daré muchos más detalles.