De Arnal Ballester para la exposición 18+12
De todos modos, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 tuvieron un gran impacto en América, no sólo allí donde se aplicó la Pepa (comenzando por los virreinatos de Perú y Nueva España), sino también donde la evolución de la emancipación hizo que ésta nunca se aplicara, como el Río de la Plata. Su impronta se observa en la expansión de las libertades, en los posteriores textos constitucionales, en la construcción de la ciudadanía y los sistemas democráticos y en el desarrollo del liberalismo.
Más allá de lo recogido en la Constitución y del peso que América tuvo en las discusiones parlamentarias, éste no fue un tema sencillo ni fácil de resolver. Había muchas cuestiones en juego, comenzando por la definición de soberanía y de nación, continuando por el papel de la monarquía y los derechos del monarca (especialmente sobre los territorios americanos) y terminando en el conjunto de instituciones que debía ser el eje del nuevo país que se quería construir. Desde esta perspectiva, la labor de los diputados americanos fue ardua y compleja, ya que no constituían un todo homogéneo, ni ideológica ni regionalmente (representaban territorios con intereses contradictorios) y, además, los diputados peninsulares no habían alcanzado un consenso sobre el papel de América en la nación española.
Se ha insistido en que los representantes americanos expresaban los intereses criollos y que las independencias, o revoluciones políticas que las acompañaron, fueron impulsadas por los criollos. Al margen de ser una cuestión más compleja, que admite en ambos bandos la participación de peninsulares e indígenas, amen de negros y extranjeros, los intereses de los criollos de Buenos Aires, Caracas o Santiago poco tenían que ver con los de Lima o México. A esto se agrega el tratamiento de la cuestión indígena en las Cortes y sus repercusiones posteriores, ya que al presentarse la independencia como un fenómeno criollo, por defecto se está excluyendo a los indígenas. Una de las consecuencias más visibles en México fue la creación de centenares de ayuntamientos constitucionales por parte de los indígenas, un tema muy bien documentado por Antonio Annino.
Un caso interesante es el de Dionisio Inca Yupanqui, representante peruano de origen indígena, activo en las dos primeras legislaturas. Nacido en Lima y educado en el colegio de Nobles de Madrid, Yupanqui defendió los derechos indígenas y la igualdad de representación para "todos los hombres libres", incluyendo negros, indígenas y mestizos, un pedido que, según sus palabras, "escandalizó el Congreso". En una discusión reclamando derechos para los indios y mejoras de su situación social, acusó a las Cortes de desconocer lo que ocurría en América ("La mayor parte de sus diputados y de la nación apenas tiene noticia de ese dilatado continente"), y fue mucho más allá al señalar que: "Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre".
Si bien los liberales de ambos continentes se cobijaron bajo la misma definición, no defendían intereses similares. Es insostenible decir que los liberales españoles se alegraron en su día de la independencia americana por estar en contra del absolutismo de Fernando VII. Al igual que en Gran Bretaña, Francia o Portugal, los liberales españoles eran tanto o más colonialistas que los conservadores. Por eso, pese a igualar en derechos a los españoles de ambos hemisferios o declarar que no había más colonias, no se acabó con el imperio. Desde 1811 los liberales peninsulares se propusieron la recuperación por las armas de las colonias más díscolas. Si bien en Cádiz se intentó desmontar el tributo, la encomienda, la mita, el reparto y las matrículas de mar, o abolir el tráfico de esclavos, no sabemos cuál hubiera sido el final de la historia de haber sobrevivido el imperio. Un punto de fricción entre americanos y peninsulares fue la sobrerrepresentación de estos últimos, pese a que el decreto de la Junta Central del 22 de mayo de 1809 que convocaba a Cortes reafirmaba la igualdad de la América española con su metrópoli. En la sesión inaugural de las Cortes de Cádiz participó casi un centenar de diputados, y sólo 29 en la representación americana. Todos, menos el puertorriqueño Ramón Power, eran suplentes. La idea de elegir suplentes, que ocuparían sus escaños hasta la llegada de los electos, permitió una aceptable presencia americana. Para seleccionarlos se acudió a americanos de nacimiento residentes en las provincias peninsulares no ocupadas por los franceses.
La discusión sobre la soberanía nacional fue una de las grandes contradicciones entre americanos y peninsulares. Según Manuel Chust, las Cortes proyectaron "todo un planteamiento autonomista hispano al considerar los territorios americanos como parte integrante de la monarquía en igualdad de derechos". Desde esta perspectiva cambió el concepto de soberanía, que dejó de ser la del rey para convertirse en soberanía nacional. En lo que a América respecta, un motivo de la oposición regia a la Constitución es que le privaba de sus territorios y súbditos.
Mientras la mayor parte de los liberales peninsulares abogaban por un estado monárquico y centralista, los americanos pensaban en una soberanía divisible y compartida. De ahí la importancia atribuida a instituciones constitucionales, como las diputaciones provinciales, que podían representar a provincias y ciudades junto al estado nacional. La cuestión de fondo era asimilar la pertenencia o la identidad españolas a las americanas. Para los diputados ultramarinos, como el novohispano José Miguel Ramos de Arizpe, las provincias debían ser la base del autonomismo económico y de la soberanía política. Abogaban por tres niveles de soberanía: municipal, provincial y nacional.
Otro problema fue la división territorial. Inicialmente se pensó en 19 territorios peninsulares y sólo 15 en las extensas posesiones americanas. La protesta de los representantes americanos pospuso la solución hasta la resolución de las crisis a ambos lados del Atlántico. La situación se agravó al privarse de la ciudadanía, y del voto, a las castas. En tanto el sufragio era proporcional se reducía el padrón electoral en 5 o 6 millones y se garantizaba, al menos, un número equiparable en los electos peninsulares y americanos.
América y los diputados americanos jugaron un papel central en las cortes, tal como queda reflejado en la Constitución. Gracias a ello la lucha por las libertades en lo que había sido el imperio español conoció un impulso determinante. Sin embargo, no se trató de un camino fácil. Eran muchos los intereses en juego y los actores afectados como para no sentir las múltiples influencias contradictorias. Ahora bien, pese a todas las dificultades, la Constitución de 1812 permitió que en la América española se comenzara a hablar de democracia y ciudadanía, se comenzara a votar y se establecieran regímenes republicanos de gobierno mucho antes que en otras vastas partes del planeta.