El Gobierno ha aprobado el real decreto para regular la publicidad audiovisual de las apuestas en línea y juegos de azar. La 'Ley Garzón' prohibirá los anuncios fuera del horario de la una a las cinco de la mañana y prevé multas para los operadores de hasta un millón de euros y la suspensión de la actividad empresarial. Además, los clubes de fútbol tampoco podrán llevar en sus camisetas ningún tipo de relación con este tipo de economía.
Estas son algunas de las premisas de este real decreto, que según ha señalado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, "pone fin a la ley de la selva" que ha regido el sector de la publicidad audiovisual de los operadores del juego hasta ahora.
Una norma con la que, según Garzón, el Gobierno da respuesta a una alarma social que se había generado "de forma justificada" y con el que se pretende proteger la salud de la población más vulnerable, los menores, jóvenes y las personas con patología de adicciones. El nuevo texto se refiere a la publicidad en televisión y radio del juego en internet que la limita a ese tramo de la madrugada.
La publicidad en prensa escrita no especializada solo está permitida en aquellos casos en los que la edición es exclusivamente autonómica y la norma autonómica no lo impide. En la práctica, según fuentes de Consumo, la mayoría está prohibida porque hay leyes autonómicas que prohíben ese tipo de publicidad.
El fútbol, afectado
La norma aprobada este martes, que entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla que los clubes deportivos no podrán exhibir publicidad de operadores del juego en sus equipaciones, al igual que tampoco lo podrán promocionar las personas "famosas", y prohíbe la emisión de bonos promocionales para la captación de clientes.
Respecto a los contratos en vigor que tienen clubes deportivos con casas de apuestas el ministro explicó que "tendrán una transitoriedad de una temporada deportiva, hasta agosto del año que viene para extinguirse" y que "a partir de entonces no podrán ser renovados".
"Es un plazo razonable a instancias del Consejo de Estado que permite a los operadores de juegos de apuestas y las empresas vinculadas a estos contratos tener un tiempo suficiente adaptar sus relaciones comerciales y garantizar la viabilidad económica de las unidades afectadas", dijo.
Según la normativa, las empresas solo podrán dirigir sus ofertas a clientes registrados y verificados y, en ningún caso, a personas que hayan mostrado comportamientos patológicos en la actividad del juego; para ello se establecen nuevas obligaciones a los operadores para fortalecer el control de acceso al mercado de las apuestas.
Multas
Los incumplimientos serán del tipo grave y los operadores del juego podrán ser sancionados con multa de entre 100.000 y un millón de euros y con la suspensión de su actividad en España por un plazo máximo de seis meses.
El nuevo texto ajusta además el contenido de los mensajes publicitarios para proteger a los sectores más vulnerables, ya que según Consumo, en los últimos cuatro años, las cifras de inversión en publicidad, promoción y patrocinio se han triplicado en España.
De forma paralela a ese incremento de la inversión, según datos de Consumo, se ha producido un aumento de la actividad del juego entre jóvenes de 18 a 25 años.
Por ejemplo en 2017, el 28 % de los nuevos jugadores formaba parte de esta franja de edad, y dos años después la cifra se ha incrementado doce puntos y se sitúa en el 40 %, según los datos que maneja este Ministerio.
La norma desarrolla los artículos 7 y 8 de la Ley del Juego de 2011, y lo hace a través de cuatro títulos (otros 37 artículos), seis disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
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