De los atrios de las iglesias y los vestigios de piedra que salpican las áreas rurales de nuestro país se oye el lamento doloroso de una historia que muere. El amplio patrimonio cultural e histórico de nuestro país está en peligro constante de desaparición. La organización Hispania Nostra elabora desde hace décadas una lista donde recoge aquellos monumentos o lugares de interés histórico que están en ruinas, en riesgo de perderse definitivamente: la Lista Roja de Patrimonio. Dicha relación acaba de llegar a los mil monumentos, una cifra que alerta sobre un problema que concierne tanto a las administraciones como a la propia ciudadanía.
El profesor y arquitecto Alfonso Muñoz Cosme participa en el comité científico que se encarga de evaluar las peticiones de inclusión de la Lista. "Cualquier ciudadano o administración local puede poner en conocimiento de Hispania Nostra que hay un elemento con valor patrimonial en riesgo", explica sobre una organización que opera en España desde 1976 velando por el patrimonio histórico nacional.
Desde el año 2007, la Lista Roja del Patrimonio se encarga de poner en aviso sobre el estado de ermitas, iglesias o construcciones civiles. "En España hay unos 17.000 elementos de valor cultural, mil de ellos están en riesgo y nos da una idea de que hay mucho patrimonio que no está mantenido ni cuidado como se debería". La última inclusión ha sido la de la ermita de Cuadrilleros, en Ledesma, Salamanca. Aunque desde entonces se han incorporado otras tres: la ermita de Santa Ana y San José y la mina de La Esperanza, ambas en Aragón y el castillo de Ademuz en Valencia.
Iglesia de Otero de María Asensio, incluida en la Lista Roja del Patrimonio.
Cada solicitud es evaluada por un comité científico que evalúa su importancia, relevancia patrimonial y su riesgo. Cuando las administraciones locales, gobierno o propietarios se encargan de ellas, algunos de sus nombres pasan a la Lista Verde del Patrimonio, aquella que incluye los conjuntos salvados de su destrucción. Aunque otros caen en la Lista Negra del Patrimonio, la que recoge bienes desaparecidos o alterados por completo, irrecuperables ya.
Otros, sin embargo, reinciden. Es el caso del castillo vallisoletano de la Mota del Marqués, intervenido en 2010, aunque abandonado por las administraciones en la década siguiente. El andamiaje instalado para sustentar la estructura no volvió a ser evaluado por las autoridades, provocando derrumbes en algunas de sus áreas que volvieron a poner en peligro su integridad. Muñoz explica que si las "obras quedan interrumpidas, y se ve que no se ha conseguido salvar ese riesgo, vuelven a entrar".
Es precisamente en Castilla y León donde se recoge el mayor número de monumentos en peligro de toda España, 356 en total, seguido de Andalucía con 166 y Aragón con 104. Precisamente el gobierno autonómico de la primera empezó un plan de digitalización del acceso a muchos de los monumentos recuperados, una iniciativa que trataba de facilitar el acceso a los visitantes, permitiendo su entrada y el uso de guías a través del teléfono móvil. Sin embargo, acabó paralizada por las diócesis que veían en el acceso de visitantes un potencial peligro para el patrimonio eclesiástico.
La Casa Tosquella en Barcelona, también en peligro de desaparición.
La responsabilidad de este tipo de acciones recae sobre el Consejo del Patrimonio Histórico, que incluye tanto al Ministerio de Cultura como a los gobiernos autonómicos. Aunque su capacidad de acción puede a veces resultar limitada en un problema que incluye una causalidad muy diversa: áreas despobladas, zonas desindustrializadas o expuestas al vandalismo y el saqueo.
"La España vacía agrava este problema. Hay zonas muy amplias en Castilla y León, Aragón, poblados muchos sin habitantes donde las iglesias o ermitas están abocadas a desaparecer". Una situación que requiere de la participación y uso civil para su mantenimiento en lugares donde el abandono paulatino de su población es el mayor problema.
"Todos somos responsables. La ley establece unas competencias que normalmente son autonómicas, pero los propietarios también tienen obligaciones de conservación", señala el arquitecto, quien añade que la "acción social es cada vez más importante". En el portal de Hispania Nostra, cuya presidenta, Araceli Pereda Alonso, recibió el año pasado el Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, hay disposición de los usuarios plataformas de micromecenazgo y crowdfunding para la colaboración de proyectos de conservación.
Muñoz añade que la recuperación de los vestigios históricos del siglo XX, aquellos relativos a nuestra memoria más reciente, también son susceptibles de desaparecer. "No se valora como el patrimonio más antiguo", explica sobre un conjunto arquitectónico que convive muchas veces en nuestras propias ciudades, contemplando la pérdida prolongada de nuestra identidad patrimonial.