El PP quiere hacer de la libertad de expresión una fiesta y celebrar la comunicación de ideas sin injerencias de los poderes públicos en el trabajo de los creadores, los periodistas y la ciudadanía. El Gobierno de Mariano Rajoy ha añadido 25 acontecimientos de excepcional interés público a la agenda del proyecto de Presupuestos Generales. Entre ellos destaca La Transición: 40 años de Libertad de Expresión.
La declaración de “acontecimiento de excepcional interés público” facilita a los organizadores la obtención de fondos privados para la realización de actividades y la divulgación del evento, con un régimen fiscal especial para los mecenas. Hasta el 90 % en desgravaciones fiscales. La duración del programa previsto para celebrar la libertad de expresión en España será de dos años, entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. Este periódico no ha podido conocer el detalle del programa, que no está publicado.
Lluvia censora
Amnistía Internacional denuncia en su último informe anual sobre libertad de expresión -analiza la situación en 159 países-, que este derecho se restringió de forma “desproporcionada” en 2017. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, aseguró en la presentación del documento que ha sido “un mal año para la libertad de expresión”. Más plomo de lo detectado hasta el momento.
El periodista y escritor Nacho Carretero, de quien han secuestrado Fariña.
Decenas de personas fueron procesadas y 20 declaradas culpables por “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación a las víctimas”, en las redes sociales. El más escandaloso fue el caso de Cassandra Vera, tuitera condenada a un año de prisión por sus chistes sobre Carrero Blanco, absuelta por el Supremo. "Alzar la voz se ha vuelto cada vez más peligroso en las redes. Están siendo criminalizadas letras de canciones y bromas bajo categorías vagas", alertó Beltrán.
Mientras el PP levanta un programa festivo que tratará de dar una imagen de normalidad, el partido de Mariano Rajoy acaba de pedir, en Granada, la censura contra la función de Alberto San Juan, Autorretrato de un joven capitalista español. También el PP, en la Comunidad de Madrid, aprobó y apoyó la retirada de la obra Presos políticos, del artista Santiago Sierra, en la feria de arte contemporáneo ARCO. El ex alcalde del PP de O Grove, Alfredo Bea Gondar, ha logrado que un juez secuestre el libro Fariña, de Nacho Carretero.
Imagen del andamio con el anuncio de Netflix, en San Sebastián.
El PP valenciano trató de vetar la obra de teatro El rey, porque actuaba Willy Toledo y “se caga en la Virgen del Pilar”. En Alcalá de Henares, PP y PSOE, trataron de censurar una charla con raperos (La insurgencia, Los cinco de la trinchera) contra la represión. El PP valenciano emitió un comunicado contra el cantautor Cesk Freixas, por ser músico y miembro de la CUP. El PP de Getafe exigió que se cancelara el concierto de Los Chikos del Maíz, por “estar vinculados a la izquierda radical vasca”. El ministro Zoido escribió una carta a Netflix para que retirase el cartel que promocionaba Fe de etarras, en San Sebastián.
Blanquear España
Amnistía Internacional denuncia que la restricción de las personas a manifestarse de forma pacífica (Ley Mordaza) y el “uso excesivo de la fuerza” contra los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, en referencia a las cargas del uno de octubre en Cataluña. Tacha de “excesiva y desproporcionada” la prisión preventiva contra Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, acusados de sedición.
Presos políticos, de Santiago Sierra, censurados en ARCO.
La epidemia censora que se vive en el país, desde altos cargos institucionales, partidos políticos y tribunales ha sido calificada por el semanario británico The Economist como “una tendencia preocupante”. El artículo de hace unas semanas aseguraba que jueces “profundamente conservadores” están “dañando la imagen de la democracia española en un momento delicado”. Titulado “Why Spanish courts censor art, speech and rap lyrics” (Por qué los tribunales españoles censuran el arte, el discurso y las letras del rap), la publicación cuenta que la censura en ARCO coincide con “otros actos de intolerancia”, en referencia a la condena de Valtònyc y Carretero.
The New York Times también criticó con dureza la falta de libertad de expresión en España: “Un país donde los riesgos de la libre expresión han aumentado silenciosamente en los últimos años”. El artículo señalaba al Gobierno de Mariano Rajoy y a su Ley Mordaza por introducir “una muy criticada ley de seguridad pública en 2015 con la intención de controlar la propagación de las protestas masivas durante la crisis financiera”.
¿Fuga de cerebros?
En respuesta, el Gobierno contrarresta la pésima imagen con un programa para alterar la visión que el organismo mundial ha ofrecido de este país. No es el único programa que el PP usa para blanquear la crítica situación social, han creado uno titulado “España. Capital del talento joven”. La fuga de cerebros jóvenes (científicos, políticos, artistas, empresarios) y la pérdida de capital intelectual ha llegado a debatirse hasta en Harvard.
En aquellas conferencias se puso de manifiesto la sobresaliente dificultad para el retorno de quienes se han visto obligados a emigrar en busca de una oportunidad laboral. Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Competencia, se mostró preocupado ante “la juventud española con un buen nivel formativo que emigra para aceptar trabajos de baja calidad”.