Menos de 24 horas para conocer el desenlace del caso que más ha conmocionado España en el último año. Este jueves, 29 de agosto, verá a la luz la sentencia que determinará si Daniel Sancho (30 años) es culpable del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta.
La sentencia contra Daniel Sancho llega poco más de un año después de cometerse el supuesto crimen en la turística isla tailandesa de Phangan. Un suceso que acaparó las portadas y los programas de televisión durante meses, especialmente en las cuatro semanas de juicio.
Ante la inminente resolución, el hijo de Rodolfo Sancho ha dicho sentirse "preparado para lo mejor y para lo peor". En declaraciones exclusivas a EFE desde la prisión de Samui, el cocinero aseguró estar convencido de que el juez va a descartar que la muerte de Arrieta se debiera a un asesinato premeditado.
Daniel Sancho días después de su detención.
En solo unas horas, Sancho conocerá si se confirma su teoría. El juez del caso, cuya identidad no ha sido revelada, leerá la sentencia en una vista convocada a las 10 de la mañana, hora tailandesa (05:00 en hora española). Un procedimiento que podría durar hasta tres horas, según explicaron fuentes cercanas al caso a EFE.
El acceso estará restringido y será el juez quien decida a última hora quien puede asistir a la lectura de la sentencia. No obstante, en principio acudirán el propio Sancho y sus padres, el actor español Rodolfo Sancho y la analista de inversiones Silvia Bronchalo, el abogado defensor, el fiscal y personal de la embajada de España.
Los tres posibles escenarios de la sentencia de Sancho
Daniel Sancho está acusado de asesinato con premeditación, ocultación de cadáver y destrucción de documentación ajena. El español solo se ha declarado culpable del segundo cargo. En un principio, confesó el asesinato ante la Policía de Phangan, pero cambió después su testimonio alegando que la confesión se obtuvo a cambio de una "falsa" orden de deportación.
La pena que se le impondrá a Sancho dependerá de si se demuestra que el asesinato de Arrieta fue premeditado, como asegura la Fiscalía y la acusación, o se debió a un accidente durante una pelea en la que el acusado se defendió de un supuesto intento de agresión sexual, como sostiene su defensa.
De esta forma, se plantean tres posibles escenarios. Por un lado, si el juez considera que fue un asesinato premeditado, Sancho podría enfrentarse a la pena de muerte, tal y como contempla el código penal tailandés. No obstante, el país suele reducir el castigo y apenas la aplica. Además, el chef podría rogar el indulto al rey de Tailandia para conmutar la pena capital por cadena perpetua.
Un segundo posible escenario es que el cocinero sea finalmente acusado de homicidio doloso, es decir, que Sancho tenía conocimiento y la voluntad de que, con los actos realizados, pudiera acabar con la vida de Arrieta. En este caso, podría enfrentarse a penas de cárcel de entre 15 y 20 años.
Daniel Sancho en una imagen de archivo, tomada en Tailandia, prestando declaración.
El escenario más favorable a Sancho sería el que sostiene su defensa: homicidio imprudente. Es decir, que el cocinero causara la muerte de Arrieta sin premeditación. En este caso, sería condenado a una pena de cárcel que iría de los 3 a los 15 años de prisión.
De los tres cargos contra Sancho, el español solo ha aceptado la ocultación del cadáver por el descuartizamiento de Arrieta. Un delito que está castigado con hasta un año de prisión. En cuanto a la destrucción de documentación ajena que también se le imputa, la ley tailandesa prevé hasta seis años de cárcel.
Apelaciones e indemnización
Durante la lectura de la sentencia, se fijará un plazo de un mes para que las partes puedan realizar apelaciones. Los recursos se entregan por escrito en el tribunal de Samui sin testigos ni comparecencias, por lo que Sancho ya no tendrá que personarse. El proceso puede durar alrededor de un año.
Como parte del fallo, la sentencia incluirá la indemnización que debe pagar el acusado a la familia de la víctima. Los abogados tailandeses de los Arrieta presentaron durante el juicio una solicitud de 30 millones de bat (unos 790.000 euros), una cuantía muy elevada para Tailandia que el juez podría ajustar.