Mientras Jorge Javier Vázquez (50 años) está disfrutando de unas apacibles vacaciones alejado de la televisión, este jueves se ha conocido una sentencia de la Audiencia Nacional que ha supuesto un auténtico varapalo judicial para el presentador.

El tribunal ha desestimado el recurso contencioso-administrativo que el comunicador había presentado en 2011, después de que el Tribunal Económico-Administrativo Central le sancionara por la forma en que declaró el IRPF en los años 2005, 2006 y 2007.

En la sentencia, fechada el 5 de febrero de este año y publicada este jueves por Vozpópuli, se detalla que Jorge Javier "incumplió de forma consciente la normativa reguladora del IRPF" al utilizar su empresa instrumental, Jorge Javier SL., para facturar sus ingresos.

De esta manera, la Audiencia Nacional ratifica la sanción de 796.928,81 que el presentador tuvo que pagar en 2011, aunque todavía cabe recurso ante el Tribunal Supremo para tratar de demostrar que no cometió ninguna irregularidad.

El presentador tuvo que abonar la cuantía mencionada a la Agencia Tributaria después de que se hallaran divergencias entre lo facturado por su sociedad y lo declarado por él como persona física. Jorge Javier declaraba unos ingresos constantes de 60.000 euros al año, mientras que su empresa instrumental facturaba cifras hasta diez veces mayores.

Esa forma de tributar permitió al presentador de Sálvame ventajas fiscales al acogerse al Impuesto de Sociedades y no al IRPF gracias a una empresa que "no añade ningún valor a la actividad", según la sentencia.

El caso de Jorge Javier no es único, pues durante años han sido muchos los famosos que se han acogido a esta fórmula para tributar sus impuestos, generando una gran controversia que ha puesto este tipo de empresas pantalla en el punto de mira de Hacienda.

Compañeros de la televisión como Máximo Huerta (49), Nuria Roca (48), Jesús Vázquez (54) o Eva González (39) han sido condenados por el mismo motivo que Jorge Javier Vázquez. Todos ellos han regularizado su situación pagando las cantidades pendientes que la Agencia Tributaria les reclamaba, algo que también hizo el presentador en 2011, aunque decidió recurrir la sentencia ante la Audiencia Nacional para salvaguardar su honor y demostrar que no cometió ninguna irregularidad en su proceder.

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