La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al letrado Javier Saavedra a seis meses de prisión y un año de inhabilitación para ejercer su profesión por estafar 6.000 euros al empresario barcelonés Javier Rigau, todavía marido de la actriz italiana Gina Lollobrigida.
Eso sí, le absuelve de los delitos de estafa agravada y de apropiación indebida. Contra la sentencia cabe interponer un recurso de casación y para Rigau se le reservan las correspondientes acciones civiles, según la sentencia.
Por su parte, Javier Saavedra estudia recurrir la sentencia que le condena a seis meses de prisión y le obliga a una inhabilitación profesional en la que no podría ejercer como letrado durante el periodo de un año.
Javier Rigau y Gina Lollobrigida.
La acusación pública solicitaba una pena de cinco años de cárcel contra el abogado. A tenor de su escrito de conclusiones provisionales, el procesado habría perjudicado de forma notoria a su cliente, del que la revista Hola, en octubre de 2006, anunció que iba a contraer matrimonio con la conocida y veterana actriz italiana.
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Cuando a raíz de la publicación de la noticia, el empresario contrató los servicios del abogado procesado para hacer frente a las personas que decían de él que era un mentiroso, un gigoló o un delincuente.
Como método de actuación interpuso demandas contra diferentes programas de televisión de varias cadenas (aunque muchas fueron inadmitidas por defectos de forma) e incluso llegó a repetir la misma demanda hasta en cinco juzgados diferentes.
De las 44 demandas que prometió presentar, sólo inició la mitad. Sólo ganó dos y por un importe sensiblemente inferior al que exigía, que no llegó ni a 3.000 euros, aunque en provisión de fondos llegó a ingresar 237.000 euros, según el Ministerio Público. El empresario reclamó una indemnización de más de 433.000 euros y una procuradora, 34.000.
Pero los jueces sólo han acreditado que Javier Saavedra engañó a su cliente diciéndole que en uno de esos procedimientos de demanda tenía que pagar 12.000 euros en concepto de fianza, cuando en realizada eran 6.000. Por ello, desestiman que se trata de un delito de estafa continuada.