El pasado jueves, 16 de noviembre, brillaba en los Latin Grammy de Sevilla. Y este lunes, día 20, se enfrentará a la justicia si todo sigue tal como está previsto. El juicio contra Shakira (46 años) comenzará en la sección 6º de la Audiencia de Barcelona, cuatro días después de su gran noche en Andalucía, donde se consagró como una de las máximas galardonadas. 

Su triunfo se desprende, sobre todo, de la Bzrp Music Sessions, Vol 53, canción que le sirvió de catarsis tras la ruptura y con el que enviaba duros dardos a Gerard Piqué (36) y a Clara Chía, además de recordar algunos de los episodios más convulsos que vivió en España. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, cantaba Shakira que, desde 2018 mantiene una causa abierta contra la Agencia Tributaria.

Mucho antes de los Latin Grammy ya estaba previsto que el juicio se fijara en los días 20, 22, 23, 28, 29 y 30 de noviembre y 4, 5, 11, 12, 13 y 14 de diciembre. En principio son 12 días, pero podría acortarse si se alcanza un pacto con las acusaciones -el Ministerio Público y la Abogacía del Estado- para aceptar una rebaja de condena a cambio de reconocer el fraude. La Fiscalía pide para la cantante colombiana ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros.

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Shakira deberá declarar en la primera jornada, una vez se expongan las cuestiones previas. Mientras que los testigos del caso -117, de acuerdo con Europa Press- darán su testimonio en alguna de las 12 de sesiones. En el mismo periodo, ocho peritos responderán a las preguntas de la defensa y las acusaciones de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la de la Generalitat.

Entre los testigos citados hay trabajadores de centros de estética, peluquerías, bares, hoteles y restaurantes que atendieron a Shakira durante su estancia en Barcelona. Al grupo se suman el conductor personal de la cantante, dos ginecólogos, sus profesores de zumba y fitness y su estilista. En el juicio también comparecerán aquellos que fueron vecinos de Shakira en Cataluña, porteros y trabajadores de mantenimiento. Por otro lado, empleados de Live Nation España. 

A petición de la cantante, están llamados a declarar el CEO de Sony Music en América Latina y la presidenta de la compañía. De igual forma el hermano de la artista, su coreógrafa, su terapeuta, su peluquera, su estilista, sus mánagers o su productor. 

La disputa de Shakira con Hacienda comenzó hace cinco años, cuando fue acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014. Aunque siempre ha sostenido que en aquellos años era residente fiscal de Bahamas, lo cierto es que de acuerdo con las leyes españolas la cantante debía tributar, ya que pasó más tiempo en España que en la isla del Caribe. Cabe recordar que en nuestro país se considera a un ciudadano residente fiscal si vive en el territorio 183 días o más. 

La querella estimaba en 12,3 millones la cantidad que Shakira debió tributar a la Agencia Tributaria por el IRPF de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y en casi 2,2 millones la suma que tendría que haber pagado a la Agencia Tributaria de Cataluña por el patrimonio que dispuso en esos años.

Tras conocerse la noticia, Shakira afirmó a través de un comunicado que ya había pagado "hasta el último euro exigido por la Agencia Tributaria tan pronto conoció el importe" y no debía "nada al Estado español".

El caso no se cerró, aunque cabe puntualizar que la Fiscalía toma en cuenta el hecho de que Shakira haya pagado la deuda al momento de aplicarle un atenuante de reparación del daño -circunstancia que rebaja la pena a imponer cuando el autor de un delito repara el daño causado a la víctima o disminuye sus efectos en cualquier momento del procedimiento, con anterioridad a la celebración del juicio oral-. 

En todo momento, el equipo legal ha insistido en que "desde hace muchos años no existe ninguna deuda pendiente con Hacienda". La defensa de la cantante, de hecho, considera que esta causa supone "un total atropello a sus derechos, ya que siempre ha demostrado una conducta impecable, como persona y contribuyente".

Las partes buscaron negociar un posible acuerdo que evitara el juicio, pero no prosperó, tal como confirmó la defensa de la cantante. La artista encara el juicio cuatro meses después de conocerse su segunda causa: dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública por el IRPF e impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2018.

Esto se sumaba al proceso que ya tenía abierto y complicaba aún más la situación. La cuantía no se supo hasta el pasado septiembre, que se dio a conocer que la Fiscalía de Barcelona le reclama 6,6 millones de euros a Shakira, a quien acusa de dos delitos contra la Hacienda Pública por el IRPF -5,3 millones- y el impuesto de patrimonio -otros 700.000 euros-.