Ya es oficial: la infanta Cristina (58 años) e Iñaki Urdangarin (56) están divorciados. Han pasado exactamente dos años desde que el matrimonio anunciase su separación tras salir a la luz unas imágenes que mostraban al exduque de Palma de la mano con una mujer que no era su esposa: ella era Ainhoa Armentia (45). 

Aunque durante este tiempo ambos llevaban una vida muy diferente, seguían estando casados. 26 años después de su enlace, que se celebró en Barcelona y que fue seguido por más de diez millones de espectadores en España, el matrimonio separa definitivamente sus caminos. 

La firma del divorcio se celebró en secreto, ante notario y cumpliendo los requisitos exigidos por el Código Civil, tal y como ha informado ¡HOLA! La fecha en la que se produjo es una incógnita, pero se conoce que fue a finales de diciembre y antes del cumpleaños de Juan Carlos I (86) en Abu Dabi. Pero, ¿en que situación queda Iñaki Urdangarin ahora? En los últimos meses se ha puesto en duda la posibilidad de que recibiese una compensación económica y continuar teniendo escolta personal que velara por su seguridad. Ahora todas esas incógnitas han sido resueltas. 

[La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin firman el divorcio dos años después de anunciar su separación]

La expareja ha estado esperando durante este tiempo a que todos sus hijos cumpliesen la mayoría de edad para que la custodia dejase de ser un problema. Aunque Irene Urdangarin cumplió los 18 años en junio, la firma definitivamente ha tardado un tiempo en llegar. Sin embargo, todavía hay un punto en el que están involucrados sus cuatro hijos y en el que se han tenido que poner de acuerdo. EL ESPAÑOL ha contactado con numerosos abogados matrimonialistas para conocer si la situación de Cristina e Iñaki es igual o diferente a la de una pareja regular. 

"Juntos tendrán que regular cómo se va a contribuir al gasto de los hijos hasta que estos alcancen su independencia económica", señala a EL ESPAÑOL Asier Díaz, del despacho de Paloma Zabalgo Abogacía de Familia. La misma línea que sigue José Antonio Sires, del bufete Sires Abogados: "El hecho de que hayan superado la mayoría de edad no es óbice para que se pueda prescindir de responsabilidades frente a los hijos del matrimonio extinguido. Siguen dependiendo de sus padres y son quienes deben preocuparse de ofrecer una ayuda sustancial para perseguir la estabilidad y que puedan tener un estilo de vida cómodo y con las necesidades cubiertas". 

Rocío Pérez Cuesta, abogada de Zaballos Abogados, señala que esta decisión se fundamenta en buscar la solución más fácil para sus hijos: "El hecho de esperar facilita la gestión, dado que pueden decidir que tipo de custodia o régimen de visitas prefieren elegir, sin que ningún juez, ni fiscal tenga que entrar a tomar decisiones al respecto". 

Tras llegar a un acuerdo sobre algunos de los puntos más controvertidos del divorcio, es ahora cuando comienzan a surgir algunas dudas. Desde el momento en el que se anunció su separación, se ha especulado sobre si el exduque de Palma iba a recibir algún tipo de compensación económica por parte de la infanta. Finalmente, no recibirá ningún tipo de pensión ni de indemnización. Sin embargo, su exmujer sí que le apoyará económicamente. Tal y como explica Asier Díaz, esta decisión podría haberse firmado antes de contraer matrimonio: "Se suelen realizar pactos prematrimoniales donde se renuncia a cualquier derecho de posibles pensiones e indemnizaciones. Iñaki no cumple con los requisitos requeridos por la ley para solicitar dicha indemnización". 

Sin embargo, el hecho de haber estado casados durante 26 años les acerca a un acuerdo en cuanto a una compensación. "Se puede acordar una pensión compensatoria en concepto cantidad de dinero mensual que puede recibir el cónyuge que tras el divorcio haya visto empeorada su situación económica con respecto a lo que disfrutaba durante el matrimonio. Se prevé que tenga derecho teniendo en cuenta la duración e intensidad de la dedicación, los años de convivencia...", explica José Antonio Sires.

La decisión sobre una ayuda recae únicamente en ellos, no hay ningún juez que pueda reclamarlo: "Es una cuestión de negociación entre las partes. No tiene por qué recibir cantidad alguna por haber formado parte de la Casa Real, queda al margen del proceso y no tiene por qué ayudarle desde el momento en que él tiene un trabajo", señala Rocío Pérez Cuesta. 

En estos momentos, el exjugador de balonmano recibe una pensión mensual de 400 euros, una cantidad muy por debajo de su nivel de vida y motivo por el que su exesposa le ayudará con una aportación que no superará los 3.000 euros mensuales, tal y como ha informado Vanitatis. 

Cuando el exmatrimonio unió sus vidas, lo hicieron amparándose en el derecho civil catalán y en la separación de bienes. Precisamente ha sido este apartado uno de los que más conflicto ha generado durante los meses previos a la firma. Todo por el piso de Bidart, en Francia, propiedad de la infanta Cristina y que continuará siéndolo. Sin embargo, se ha estipulado que Iñaki pueda utilizarla cuando sus hijos se desplacen hasta la zona. "En el Código Civil catalán cada cónyuge tiene la propiedad, el goce, la administración y la libre disposición de todos sus bienes. Los bienes propios que cada cónyuge tenga al celebrarse el matrimonio, y los que adquiera con posterioridad, seguirán manteniendo dicha condición", añade el letrado de Sires Abogados.

Además, Emilia Zaballos, presidenta del despacho de Zaballos Abogados, explica cómo se fundamenta el derecho civil catalán en este tipo de situaciones: "No va a existir una liquidación de la sociedad de gananciales, puesto que dicha sociedad no existe. Cada uno quedará con los bienes que estén a su nombre de los que hayan sido adquiridos durante el matrimonio. Si alguno estuviese repartido, o bien han pactado previamente quien se lo queda, mediante el correspondiente acuerdo económico, o tendrán que hacer lo que se llama una división de cosa común".

Esta separación supone mucho para Iñaki Urdangarin: su completa libertad. La intención del exyerno de Juan Carlos I es mantenerse en un segundo plano y poder rehacer su vida sin ser el centro de atención. Una vez notificada la separación a Felipe VI (55), será el Ministerio de Interior el encargado de retirarle la seguridad con la que ha contado todo este tiempo. Una medida que entrará en vigor en un plazo de entre 15 días a dos meses, coincidiendo en fechas con el final de su condena.