La abrupta dimisión de Íñigo Errejón se desliza por una pendiente muy resbaladiza: la publicación en redes sociales de denuncias que lo señalan como un maltratador. La mayor parte de ellas, anónimas. Las acusaciones son graves, tanto como para que debieran cursarse ante la policía y los tribunales. La lucha contra la violencia machista no se libra a través de mensajes en Twitter o en Instagram que, sin indagar su veracidad, suelen acarrear la muerte pública para el personaje en cuestión. Ese no es el camino.
Hasta donde conocemos hoy, según Sumar Errejón habría reconocido «comportamientos no ejemplares» y ayer, en X, una actriz con su nombre y apellidos dijo ser una de las víctimas de acoso sexual. Con todo, a Errejón le asiste la presunción de inocencia. Pero ello no ha impedido que en redes se haya desatado una campaña de derribo contra él, una especie de MeToo perverso que, sin aportar pruebas, lo acusa de ser un «monstruo», «un psicópata», «un maltratador psicológico». El daño reputacional es ya irreparable.
Es curioso que su dimisión y sus causas son sorpresivas para la ciudadanía, pero no parecen haberlo sido para cierto entorno periodístico y político de la izquierda vinculado a Podemos. Para este sector, enfrentado a Errejón y a Sumar, era un secreto a voces. Con independencia de los hechos que se le atribuyen al ex diputado -cuyos detalles son insuficientes para valorarlos con objetivad-, caben dos preguntas: si lo sabían, ¿por qué no lo habían denunciado?; si lo sabían, ¿por qué lo habrían encubierto? Es inquietante ver a supuestos periodistas actuar como activistas o a políticas como Irene Montero aludir a la cultura de la violación.
De los comunicados emitidos por Errejón y Sumar para explicar la dimisión subyace que estaríamos ante una decisión que se toma desde un plano de reproche moral. Tras las acusaciones de violencia machista, Errejón habría admitido «comportamientos no ejemplares». En su renuncia, atribuye sus actos al ejercicio de la política porque esta «genera una subjetividad tóxica que, en el caso de los hombres, el patriarcado multiplica». El argumento es ridículo y revela la hipocresía del discurso del feminismo identitario que acaba responsabilizando al supuesto patriarcado estructural (e incluso a la vida «neoliberal» asociada a ser diputado) de conductas individuales, conscientes e intransferibles que como tales deben ser tratadas judicialmente. Además, representa la visión intrusiva de la izquierda radical, que pretende fiscalizar la vida íntima en la esfera pública y hacer de la violencia machista una cuestión subjetiva.
Por la figura de Errejón, fundador de Podemos, determinante en su paulatina disolución y clave en el presente de Yolanda Díaz, el caso ahonda como pocos en el proceso de descomposición en el que está inmerso Sumar. Desde Podemos se está explotando como si se fuese una venganza. El episodio también salpica al PSOE, pues hiere la credibilidad del Gobierno y de sus socios que se presentaban a la ciudadanía como la alianza política más feminista de la historia (y ya acumula casos turbios como el del Tito Berni y sus catálogos de prostitutas o algunas derivadas de la trama Koldo que implican a José Luis Ábalos).
Con todo, si finalmente se siguen los cauces pertinentes, será la Justicia la que se ocupe de esclarecer lo ocurrido. La libertad de las mujeres es una batalla clave y los casos de acoso sexual o violencia psicológica o física deben tener consecuencias, pero también garantías.