Los profesionales de la salud que trabajan en los centros penitenciarios de España están hartos de la Administración. La falta de financiación y de voluntad política ha desembocado en un sistema que no da abasto: enfermeros que deben llevar a cabo funciones que no les corresponden, sueldos muy bajos, una gran proporción de trabajadores a las puertas de la jubilación… Aseguran que la situación es muy grave, pero que pronto será peor.
Los sindicatos que representan a estos profesionales —la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato de Enfermería (Satse)— piden al Gobierno que las competencias de la sanidad penitenciaria pasen cuanto antes a las comunidades autónomas. Se trata de un proyecto que debería haber arrancado hace 17 años con la aprobación de la ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud y que, sin embargo, se encuentra paralizado.
Anteriormente, estos profesionales han expuesto estos problemas el Ministerio del Interior, a Instituciones Penitenciarias, al secretario de Estado de Función Pública y al presidente del Consejo General del Poder Judicial. "Todos dijeron que compartían el problema, pero no se tomaron medidas. Nos oyeron, pero no nos escucharon", explica Gabriel del Pozo, secretario general de CESM. "Unidas Podemos parecía más receptivo a cambiar esta situación. Hemos mandado una carta conjunta para reunirnos con el Gobierno".
Con este gesto, los sindicatos tienden la mano a la Administración en una primera instancia. En el caso de que sus exigencias vuelvan a ser desatendidas, del Pozo advierte que "nos obligarán a tomar medidas que no nos apetecen". Aunque no descartan ir a la huelga, Manuel Cascos, presidente de Satse, ha asegurado en un tono más bronco que sacarán a la luz pública los problemas de cada prisión: "entraremos centro a centro".
Un escenario complicado
El panorama que presenta la sanidad penitenciaria es el siguiente: en España contamos con 66 cárceles, 11 centros de reinserción y dos de Psiquiatría; siempre se ha dicho que el número de reclusos se encuentra alrededor de 51.000 personas, pero se trata, según estos expertos, de una cifra engañosa porque no tiene en cuenta a aquellos que entran y salen por períodos más o menos cortos. Para todo este sistema, hay 212 médicos en activo y 500 enfermeros.
Sin embargo, dentro de poco el personal podría ser incluso más reducido. "Lo peor es que el 50% de estos profesionales tiene más de 50 años y el 30% puede jubilarse en cualquier momento", explica Pedro Antonio Martínez, médico del Centro Penitenciario de Ocaña II. Los sindicatos manifiestan que lo ánimos de estos trabajadores está muy bajos. Sin embargo, han querido manifestar que los sanitarios no son los únicos perjudicados.
"Los presos se ven privados de su libertad, pero, en ningún momento, pierden su derecho a la sanidad", asegura Gabriel del Pozo. "Se está produciendo, por tanto, una diferencia de trato entre ciudadanos". Entre la población que cumple pena en prisión existe una mayor prevalencia de enfermedades mentales, drogodepencia y patologías infectocontagiosas como el VIH y la hepatitis C. "Aunque necesitan un cuidado más intenso, hay quien piensa que no merecen la misma atención", lamenta Martínez.
Una consecuencia importante de la falta de personal sanitario en estos centros es que durante buena parte del mes los médicos no realizan guardias. Además, por la carencia de recursos, los sanitarios se ven obligados a derivar a un servicio de Urgencias a aquellos pacientes más difíciles de atender. En lo tecnológico, las cárceles también se encuentran por detrás del resto del sistema sanitario: los médicos que trabajan en ellas no tienen acceso a las historias médicas de los pacientes y no pueden añadir a ellas sus valoraciones en consulta: "Somos un gueto del sistema sanitario", dice Martínez.
Peores sueldos
Si esto pudiera parecer poco, los sanitarios penitenciarios cobran menos: la diferencia media de sueldo entre un médico de estos centros y uno de la sanidad pública es, nada menos, de 1.500 euros. El Satse denuncia que los enfermeros penitenciarios cobran 600 euros menos al mes que los de la sanidad pública, lo que hace que la diferencia anual sea de 7.000 euros. CESM y Satse exigen que se equiparen los sueldos.
La competencia de la sanidad penitenciaria sólo ha sido transferida a Cataluña y País Vasco, donde el sueldo de estos profesionales es mayor. "Pero también esas comunidades son las que más financiación reciben", recuerda Gabriel del Pozo. Es decir, para algunas comunidades autónomas no es atractivo recibir unas instituciones que necesitan tal inversión de dinero.
De izquierda a derecha, Pedro Antonio Martínez, Gabriel del Pozo, Manuel Cascos y Lourdes Piñel.
De todas formas, Pedro Antonio Martínez explica que dotar de recursos a la sanidad penitenciaria revertirá en un menor gasto sanitario: "Los políticos están demostrando ser unos malos gestores. Tratar a las personas que cumplen condena en un servicio de Urgencias cercano es mucho más caro, hace aumentar la deuda contraída con las comunidades autónomas".
Oposiciones poco atractivas
Según los sindicatos, faltan por cubrir 200 plazas de médicos penitenciarios. La manera de acceder a ellas es, claro está, a través de unas oposiciones. Sin embargo, ni resultan atractivas para los demandantes de empleo, ni las convocatorias están pensadas para cubrirlas por completo. Además de las condiciones antes citadas y los sueldos bajos, las cárceles se caracterizan por ser lugares apartados y conflictivos.
El próximo examen de oposiciones está pensado para cubrir sólo 35 plazas. De todas formas, Pedro Antonio Martínez vaticina que ni siquiera estas van a ser cubiertas. "La última vez se abrieron treinta y pico plazas, aplicaron a ella 17, se presentaron 11 y aprobaron 8. A las prácticas fueron 4 y, en este momento, ya están casi tan quemados como los veteranos".
Lo ideal para ellos sería incentivar de alguna manera estas plazas de difícil cobertura. Los sanitarios necesitan compañeros no sólo para cubrir el día a día, sino también para que sea posible irse de vacaciones sin poner en peligro el sistema. "Las plantillas no se reponen, estamos agotadas. Es insólito en la sanidad pública que las enfermeras nos hagamos cargo de la asistencia médica. La sanidad en los centros penitenciarios es un barco a la deriva", sentencia Lourdes Piñel, enfermera del centro penitenciario de Ocaña I.