La Guardia Civil, en colaboración con la dirección general de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad valenciana, ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a la distribución, desde las provincias de Valencia y Madrid, de productos cárnicos en condiciones de insalubridad y ha inmovilizado más de mil toneladas de estas carnes.

Según ha informado la Guardia Civil, esta operación arrancó el pasado junio y ha culminado con la detención de seis personas y la investigación de otras ocho, todas ellas de entre 25 y 60 años, a las que se imputan delitos contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales. Desde que comenzaron las indagaciones, la carne retirada de circulación alcanzaría las dos mil toneladas.

¿En qué consistía el fraude? David Placer, periodista de Economía Digital, lo explica en Telemadrid: "A principios de año, la Guardia Civil empezó a investigar un fraude con jamón de baja calidad que se vendía a precio de ibérico. Pero fue a raíz de esto cuando se destapó otra trama más oscura: unas 30 empresas que se dedican a captar jamones de los supermercados en mal estado, a punto de caducar, para 'adecentarlos' como dicen ellos, limpiarlos y revenderlos con una fecha de consumo preferente un año posterior a la real".

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Desarticulada organización criminal que distribuía carne insalubre

Los miembros de la organización, que pertenecían a varias empresas que formaban parte del entramado, se dedicaban a introducir en el mercado alimentos en malas condiciones y en diversos formatos. Para ello utilizaban marcas comerciales de otras empresas con el objetivo de dar salida a estos productos, obteniendo un enorme beneficio en el proceso.

"El principal cabecilla de la trama del jamón podrido sigue trabajando como hasta ahora"- denuncia Placer. "Se siguen encontrando cada semana nuevos productos en mal estado. Sabemos que han llegado a las cárceles, y la Policía investiga si han podido llegar a comedores escolares y residencias de ancianos". 

Los agentes han practicado tres registros y más de treinta inspecciones en empresas de las localidades valencianas de Alzira y Algemesi, así como en la madrileña de Alcobendas, en los que se han inmovilizado más de mil toneladas de productos cárnicos en mal estado por un valor de alrededor de cinco millones de euros.

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