Antes de alcanzar la fama científica gracias a los escutoides, Javier Buceta pasó seis años becado entre 1997 y 2004. Los cuatro primeros con una beca predoctoral "en la que tenía un compromiso de horario de 40 horas semanales y pagaba IRPF, pero no entrábamos dentro del régimen general de la Seguridad Social".
Cobraba unas 90.000 pesetas mensuales, 540 euros al cambio. Ahora podrá incluir hasta cinco años de lo trabajado en la cotización para la jubilación, pero tendría que pagar más de 17.000 euros si quiere hacerlo, a razón de 290 euros mensuales. "Es humillante", lamenta.
El 30 de abril, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo proclamó "día histórico": había firmado la orden por la que "los becarios podrán transformar sus años de prácticas por años cotizados" de cara a la jubilación.
Lo que no dijo es que tendrían que pagar casi 300 euros al mes para hacerlo.
Como es natural, las personas que se acojan a este convenio especial tienen que aportar las cuotas no abonadas a la Seguridad Social. Pero, en lugar de aportar solo la parte correspondiente al trabajador, la nueva norma les hace responsables también de la del empleador... Y a precios de 2024, dos décadas después del periodo becado.
"Hay una reducción del 23% pero no es un regalo: solo cotizamos para la jubilación, no para las bajas laborales que no pudimos disfrutar en su momento", explica el bioquímico Antonio Martínez Ruiz.
Como Buceta y la inmensa mayoría de científicos españoles, sus primeros años como investigador lo fueron a base de becas. "Tuve mi primer contrato laboral a los 32 años: yo estuve casi 9 años con becas pre y post-doctorales, pero hay gente que pasa 16 años así".
Así es la vida académica en España. Alguien que quiera dedicarse a la investigación va saltando de beca en beca hasta que una institución formaliza un contrato. Lo normal es que su primera década tras acabar la carrera sea a base de ayudas a la investigación.
Marisol Soengas, directora del grupo de investigación del melanoma en el CNIO y presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), estuvo 6 años becada hasta la defensa de la tesis "y otros tres para estudiar en el extranjero".
"No se nos permitía otra elección: o era una beca o nada, no hay opción a un contrato laboral".
Buceta, Martínez y Soengas son solo algunos de las decenas de investigadores que han puesto el grito en el cielo ante el anuncio de la ministra Elma Saiz. Más que reconocer su investigación como trabajo, la nueva norma parece que lo castiga.
El reconocimiento de las prácticas —remuneradas o no— lleva siendo una pelea de años. En 2006 entró en vigor el Estatuto del Personal Investigador en Formación, donde ya se incluían las cotizaciones a la Seguridad Social.
Más tarde, en 2011, se permitió 'regular' hasta dos años de becas, pero no eran suficientes para aquellos que iniciaron su carrera investigadora a finales de los 90 o principios del siglo XXI.
Oídos sordos
"¿Que si temo no poder cobrar la jubilación" No sé qué decirte, espero poder cobrarla", responde con dudas Javier Buceta. Él, como muchos investigadores, ha pasado largos periodos fuera de España, que no cotizan para su futuro retiro, por lo que computar su periodo becado sería de justicia.
"Yo me he jubilado con 47 años trabajando", afirma Perla Wahnón, presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), que agrupa a 88 sociedades de científicos que representan a más de 40.000 investigadores.
"Hay personas que tienen la necesidad de acogerse a esta orden, pero creemos que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no entiende que no somos iguales a otros trabajadores".
El pasado diciembre, Cosce y otras sociedades científicas hicieron sus aportaciones al borrador del plan del Gobierno para hacer cotizables estos periodos.
Entre otras cosas, pedían no limitar el plazo computable solo a cinco años y que los investigadores solo se hicieran cargo de la cuota correspondiente al trabajador (un 4,7% en la actualidad) y no también de la de la entidad empleadora, que en la mayoría de casos era el propio estado.
"No nos han vuelto a decir nada", apunta Wahnón, "y además sacan el BOE en mitad del puente [la orden salió publicada el 1 de mayo], por lo que hasta el lunes no nos cogerán el teléfono".
"Que lo hayan sacado el 1 de mayo me parece hasta de mal gusto", se queja Javier Buceta, que actualmente es jefe de un grupo de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
La desagradable sorpresa "nos ha frustrado bastante", reconoce Marisol Soengas. no solo no les han escuchado sino que, de los aspectos que quedaban por matizar en el borrador, como quién iba a asumir la cuota, al final ha resultado que se encargue íntegramente el investigador.
"Reivindicábamos que fuera asumido por el estado o la entidad de donde partían las becas, pero es que ahora se nos requiere que, cuando se contribuya a la cotización, se hace con cuotas de 2024", continúa. "Esto resulta en unos importes injustos y no asumibles por los trabajadores, no es rentable pagar para regularizar cinco años".
Sin carrera profesional
Soengas, Wahnón y Martínez (que forma parte de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios) ya se están moviendo para hacer llegar sus quejas no solo al Ministerio de Seguridad Social sino también a los de Ciencia y Sanidad (en el caso de Soengas y Martínez).
"A mí me pagaban 100.000 pesetas, unos 600 euros", apunta Martínez, que pertenece al grupo de investigación de neurotransmisión y neurorreparación de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.
De asumir las cuotas propuestas por el Gobierno "tendría que pagar el 48% de lo que ganaba en aquella época". De hecho, tanto él como el resto de entrevistados para este reportaje creen que, salvo excepciones, ningún investigador va a acogerse a este convenio especial.
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"Nosotros éramos empleados públicos y no teníamos derechos laborales básicos. Seguridad Social no nos ha recibido y Ciencia recogió nuestras alegaciones pero no hemos vuelto a saber nada".
Ya no se trata solo de la jubilación. El tiempo trabajado con una beca tampoco computa para la carrera profesional y posibles promociones. "Hay que hacer una regulación específica para un problema específico", apunta. Hasta ahora solo ha habido parches.