Castilla y León contará con la Junta Arbitral de Consumo, con sede en Valladolid, que conocerá con carácter prioritario, las reclamaciones de los consumidores de dicho ámbito, en relación con sus derechos legalmente reconocidos en el Real Decreto, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
El Boletín Oficial del Estado publicó hoy la resolución de la Secretaría General de Consumo y Juego y la Consejería de Empleo e Industria para crear la Junta Arbitral de Consumo y dio a conocer el convenio, que con una duración de cuatro años, fue rubricado por el ministro del ramo, Alberto Garzón y la consejera, Carlota Amigo.
La Comunidad impulsará la Junta Arbitral, comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el plazo de un año desde la fecha de eficacia del convenio, su acreditación como entidad de resolución alternativa de litigios de consumo.
El Ministerio de Consumo establecerá en colaboración con la Consejería de Empleo e Industria, un sistema de información recíproco para el buen funcionamiento del Sistema Arbitral de Consumo. Además, Castilla y León facilitará información sobre la designación de presidente y secretario de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente a la actividad de la misma, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
La Junta Arbitral realizará una labor para la resolución de conflictos de consumo en su ámbito territorial.
El Ministerio de Consumo y la Consejería de Empleo e Industria facilitarán el asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo.
Además, ambas se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Además, según recoge el BOE, se crea una Comisión de Seguimiento, que se reunirá anualmente, para llevar a cabo estas reuniones a través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de Consumo.