En la Audiencia de Valladolid va a celebrarse, el próximo viernes 28 de noviembre, un juicio contra el empleador de una empresa por un despido conflictivo que ha terminado en los tribunales.
Se le acusa al hombre de un presunto delito de falsedad en documento privado y de delito de estafa procesal en grado de tentativa y se pide 2 años de prisión para él.
La Fiscalía, en su escrito de acusación al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, asegura que, a fecha de 13 de diciembre de 2018, el perjudicado presentó demanda de despido y reclamación de cantidades propias del finiquito frente a la mercantil Vaditelpro S.L. que dio lugar al procedimiento de despido.
El Juzgado de lo Social número 1 de Valladolid la admitió a trámite y citó a las partes para la celebración de un acto de conciliación.
En dicha demanda se reclamaba el reconocimiento de la improcedencia del despido y el abono de las cantidades correspondientes, un total de 2.105,84 euros, por los días trabajados en el mes de noviembre e indemnización, o la inmediata readmisión laboral.
El acto se señaló finalmente para el 17 de junio de 2019 por parte de la mercantil. Fiscalía apunta que se presentaron a instancias de su administrador y socio único, el acusado H.G.G., varios documentos.
Entre ellos el documento número 2, una “carta de despido firmada por el trabajador” fechada a 10 de noviembre de 2018.
Y, como documento número 6, la “nómina del mes de noviembre de 2018 que incluye finiquito e indemnización por despido improcedente, firmada por el trabajador”.
“Los referidos documentos aportados recogían una supuesta firma del trabajador que no había sido realizada por este sino por el acusado o una tercera persona a su favor”, señala la Fiscalía.
Añade que “tenían por objetivo ocasionar el correspondiente error en el juzgador para evitar el pago de las cantidades reclamadas” puesto que “se pretendía acreditar con la aportación nómina del mes de noviembre el pago al trabajador de la cantidad de 2.881,34 euros, lo que no había sucedido”.
Mediante providencia de 16 de julio de 2019, el Juzgado de los Social Número 1 de Valladolid acordó la suspensión del procedimiento de despido tras la presentación de querella por parte del trabajador para la investigación de los hechos descritos, situación en la que se encuentra actualmente.
Los hechos relatados son constitutivos de un delito de falsedad en documento privado y un delito de estafa procesal en grado de tentativa. La Fiscalía pide 2 años de prisión para el acusado.