El gerente y un comercial de una asesoría contable de Valladolid han sido condenados a siete meses de cárcel por falsificar el contrato de una clienta.
Además, tendrán que pagar una multa de ocho y seis euros diarios respectivamente durante siete meses. De lo contrario, serán condenados a un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.
Los hechos se remontan a abril de 2021, cuando la clienta en cuestión contactó con el comercial con motivo de su interés en contratar los servicios de su empresa para que le realizara las declaraciones de impuestos de su actividad como autónoma.
Por este motivo, se reunieron una cafetería de la ciudad. Durante el encuentro, se acordó verbalmente que la clienta contraría los servicios de la empresa asesora a cambio de una determinada cantidad mensual. Sin embargo, no se llegó a firmar ningún contrato.
No obstante, en ese momento el comercial sí pidió a la clienta su DNI, así como que solicitara a la Agencia Tributaria un certificado de firma digital para así poder realizar los trámites pertinentes con Hacienda.
Durante ese mismo mes, surgieron problemas en relación a la presentación de la declaración correspondiente, por lo que la clienta decidió prescindir de los servicios de la empresa, dado que la asesoría no había presentado la declaración ni había cumplido con todo lo acordado en las reuniones mantenidas.
Por ello, esta decidió no pagar ninguna mensualidad y procedió a cambiar de gestor.
Entonces, el comercial realizó un contrato escrito, con fecha del 11 de abril de 2021, en el que figuraba la asesoría como suministradora de servicios a favor de la clienta en cuestión, estableciéndose el pago mensual de 38,72 euros por parte de la mujer a la empresa.
En él incluyó, además, unas cláusulas de penalización desconocidas por la clienta.
Y es que, este documento no fue firmado por ella, sino que el comercial insertó tres firmas digitales simuladas de esta sin su consentimiento.
Con ello, la empresa pasó los recibos de los servicios a la cuenta de la clienta para el abono de las mensualidades, pero esta los devolvió, llegando incluso a pedir al banco que rechazara todos esos cargos.
Entonces, la asesoría presentó una demanda, firmada también por el gerente de la empresa, pese a ser conocedor de que las firmas de la clienta habían sido simuladas, tal y como consta en la sentencia.
En dicha demanda, se reclamaba a la autónoma 944,54 euros por incumplimiento de contrato, aportando como documento probatorio el citado contrato.
Una vez abierto el proceso judicial, la defensa de la clienta presentó una contestación a la demanda, a través de la cual planteó la cuestión de prejudicialidad penal, lo cual dio lugar a la suspensión del procedimiento civil.
Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado sentencia, dando la razón a la clienta y acusando tanto al gerente como al comercial de un delito consumado de falsedad en documento mercantil y de un delito intentado de estafa procesal.