Integración o nada. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, lo tiene claro y ha lanzado una amenaza al Ayuntamiento de Valladolid. Tiene un plazo de un mes para seguir con la integración o se pondrá fin al convenio de la Sociedad Alta Velocidad.

Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, en un audio facilitado por el Ayuntamiento de Valladolid, ya que finalmente no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación.

Hoy era un día clave para la historia de Valladolid y el ministro ha puesto las cartas sobre la mesa tras la reunión telemática de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. O se mantiene y sigue adelante la integración o pone fin al convenio ferroviario.

En el encuentro telemático se ha dado un plazo de un mes a ambas instituciones y se ha recordado que en caso de incumplimiento habrá "concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio".

“Ha sido una reunión inconcebible. Ha aparecido el ministro con las intenciones que todos conocemos, la de amenazar y poner sobre la mesa un requerimiento para que se disuelva”.

Según Zarandona, la explicación de Puente es porque se están incumpliendo los compromisos, algo que se niega. “Es mentira, no hay caso”. El concejal narra que ha explicado al Ministerio que la situación de 2017, cuando se firmó el convenio, es diferente a la de 2024, por lo que pide “diálogo”.

Y es que el convenio recuerda que cualquiera de los socios podrá notificar "la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones y compromisos que se consideran incumplidos".

Y es a esto a lo que se agarra el Ministerio, ya que se exige al Ayuntamiento de Valladolid el abono de su aportación anual de 11 millones de euros. Algo que no se ha hecho porque Carnero entiende que la sociedad tiene en caja suficientes fondos. Sin embargo, el convenio sí lo exige.

Sin embargo, desde el Ministerio no hay vuelta atrás y se da un plazo de tiempo para pensar si integración o se rompe el convenio. “No quieren abrir un turno de diálogo para ver la posibilidad real del soterramiento. Lo tiene claro, no quiere diálogo y no lo va a variar”.

Además, lamenta que no se haya querido escuchar ni analizar el nuevo estudio que se ha preparado desde el Ayuntamiento de Valladolid y del que ya ha dicho que "no tiene rigor".

El Ministerio no tiene ninguna intención de modificar el convenio e impone su integración puesta en marcha cuando Puente era alcalde y gobernaba junto a Valladolid Toma La Palabra.

“Tendremos que luchar es algo posible, pero la cerrazón de un ministro y su falta de diálogo nos quiere poner contra las cuerdas”. Así manda un último mensaje: “Ministro amenazas, no”.

Puente contra Carnero

Oscar Puente ha cargado por la ausencia de Carnero. “Esta es la agenda que ha impedido al Alcalde de Valladolid asistir a la comisión de seguimiento del convenio de integración ferroviaria, que él mismo ha solicitado en varias ocasiones y a la que yo sí he asistido. Esto es lo que le importa el soterramiento que tanto pregona”.

“Si en el plazo de un mes no hay un cumplimiento de las obligaciones pendientes, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dará por resuelto el convenio e iniciará las tareas necesarias para disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

El convenio hoy no se está respetando, porque el Ayuntamiento tiene una clara actitud obstruccionista para no cumplirlo y, por tanto, el Ministerio no puede seguir ya soportando los constantes incumplimientos del Consistorio”, ha asegurado Óscar Puente en una nota emitida desde el Ministerio.

Adif ha requerido al Ayuntamiento de Valladolid y a la Junta de Castilla y León, de acuerdo con la legislación vigente, para que en el plazo de un mes den cumplimiento a todos los requerimientos que se le han formulado.

Son la entrega de los proyectos del sector de Ariza, tres proyectos que “desde hace tiempo tendrían que haber entregado a la sociedad para la licitación de las obras” y la mejora del paso peatonal de San Isidro, encargado en el año 2020 y que tampoco han entregado a la sociedad", desgrano.

Además, destacó la necesidad de cumplir con la obligación de aportar la titularidad de los suelos donde se asientan los nuevos talleres, que “tampoco han entregado”, o el proyecto de las obras relativas a la urbanización de la calle de la Salud, denominada por los vecinos de la Pilarica como la “Cera de la Vergüenza”.

“Quiero dejar claro que el Ministerio no está dispuesto a que jueguen con él. El alcalde de Valladolid puede jugar con la ciudad y me duele profundamente que así sea, pero desde luego con quien no va a seguir jugando es con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible", relató.

"La realidad es que no va a haber nada. No habrá soterramiento y tampoco integración por el deseo de un responsable político que, si por algo se ha destacado en este tiempo, es por su profunda desconsideración hacia la ciudad que hoy dirige.

El Ministerio no es quién para decidir por Valladolid, pero desde luego lo que se le ha dejado claro al Ayuntamiento es que no va a consentir que se siga jugando con las instituciones, que se juegue con un acuerdo alcanzado en forma de convenio en el año 2017, y que se incumplan sistemáticamente las obligaciones que en él estaban contenidas”, ha finalizado.

"En un mes"

La Junta Castilla y León prevé que "en un mes" aportará aproximadamente los 8,2 millones de euros que tiene pendiente de este año con la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, tal y como marca el convenio de integración ferroviaria firmado en 2017, según informa la gencia Ical.

No obstante, reconoce el "retraso", pero aseguran que se está tramitando "desde hace semanas" la mencionada operación por lo que garantizan que "no será la causa" por la que el Ministerio decida iniciar la disolución de la entidad.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio han explicado a Ical que el 26 de septiembre ya se trató la aportación en la Comisión de Secretarios Generales y han apuntado que pasará por la Comisión Delegada el 17 de octubre.

En ese sentido, la Consejería de Suárez-Quiñones hizo hincapié en que se ha producido una demora en la aportación económica de este ejercicio, pero indicaron que habitualmente se realiza en estas fechas.

No obstante, ante el requerimiento, han puntualizado que los 8,2 millones que le corresponden a la Comunidad llegarán en un mes a las arcas de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, en la que la Junta participa con el 25%, al igual que el Ayuntamiento de la ciudad, mientras Adif y Renfe suman el 50% restante.

Asimismo, Medio Ambiente explicó que este "retraso" no es el "problema" que tiene sobre la mesa la SVAV, sino la discusión abierta entre el Ayuntamiento y el Ministerio sobre el "modelo" de la operación ferroviaria.

"La Junta va a hacer su aportación. Esta no va a ser la causa para que se inicie la disolución", han zanjado desde la Consejería puesto que recordaron la Junta ya ha pagado 37 millones de euros, que con los más de ocho de esta anualidad, elevan el total hasta los 45 millones.

En conjunto, a la Comunidad le corresponde aportar en total 74,76 millones hasta 2033. Para 2025, la cantidad prevista para el Ejecutivo autonómico asciende a 5,56 millones.