La jueza del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid, Soledad Ortega, que investiga la desaparición y muerte de Esther López, la joven cuyo cadáver apareció en una cuneta de la N-122 el pasado 5 de febrero, ha trasladado a las partes que digan si procede acordar una prórroga en la investigación.

Una consulta que se produce atendiendo al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y cuando está a punto de expirar el plazo de un año máximo que establece la norma y cuando aún quedan por recibir varios informes, como han informado fuentes judiciales.

Una notificación de la magistrada que llega a fecha de 14 de diciembre y que ya tienen en su poder las partes personadas en este conflicto.

Echando un vistazo al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, constata que la investigación judicial se tiene que desarrollar en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa. Si en el plazo no se finaliza la investigación, el magistrado o magistrada podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos de seis meses o menos.

Unas prórrogas que se adoptarán mediante auto en el que se tendrán que exponer razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como las concretas diligencias que es necesario practicar en dicha prórroga. Esta se acordará también mediante una resolución motivada.

Las diligencias de la investigación acordadas con anterioridad al transcurso del plazo o de sus prórrogas serán válidas aunque se reciban tras la expiración del mismo.

Si antes de la finalización del plazo o de alguna prórroga, el instructor no hubiese dictado auto de resolución o fuera revocada por vía de recurso, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de esa fecha.

El juez, en este caso jueza, concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad. Transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas. El instructor dictará la resolución que proceda.