La Intervención General del Estado ha ratificado que las obras seguidas en el Centro Multiusos o Plaza de Toros de Íscar (Valladolid) se efectuaron, "de forma indiscutible", al margen del procedimiento legal establecido, confirmando de este modo las declaraciones que hace dos días efectuaron también en el mismo sentido el secretario y el interventor municipales.

El informe emitido por el perito de la Intervención General del Estado ha supuesto el broche al juicio iniciado el martes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid y ha llevado a la Fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente y el acusador particular, en representación del Ayuntamiento de Íscar, a mantener invariables sus solicitudes de condena para los tres encausados, el exalcalde del PP, Alejandro García Sanz; el entonces edil de Urbanismo, Juan Carlos Lázaro, y el arquitecto municipal, José Luis Pérez, quienes se exponen cada uno a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

En el caso del Consistorio iscariense, su representante legal ha pedido mayores que los tres encausados, como responsables civiles directos, indemnicen a la institución local en la calidad de 2.056.650 euros, mas los intereses legales correspondientes.

En sus alegatos finales, y frente a la petición absolutoria de las defensas, las acusaciones han fundamentado la existencia de un delito de prevaricación en los testimonios emitidos tanto por el secretario como por el interventor municipal y, sobre todo, por la pericia realizada por un representante de la Intervención General del Estado.

En ella, tal y como ha expuesto el perito a modo de refrán popular, los acusados pusieron "el carro delante de los bueyes", en referencia a una tramitación administrativa del proyecto plagado de irregularidades.

En su declaración, recogida por Europa Press, el perito, en la línea de lo manifestado en la anterior sesión por el secretario y el interventor municipales, ha ratificado que el proyecto de la Plaza de Toros de Íscar sufrió modificaciones "sustanciales" respecto del proyecto inicialmente aprobado en marzo de 2006 y que por ello las mismas tendrían que haber sido objeto de los modificados correspondientes y pasdo por el órgano de contratación, que no era otro que el pleno.

Nada de ello se hizo, salvo en el caso de la única modificación que sí siguió el procedimiento administrativo correcto y que afectó a un sobrecoste de más de 400.000 euros por la ejecución de unas barreras y contrabarreras, si bien a partir de entonces, desde 2007, ninguna de las sucesivas alteraciones del proyecto inicial, que dispararon el presupuesto de 2.300.000 a un total de 5.150.000 euros, se tramitaron de forma legal.

Y ello, como así ha incidido el perito, pese a los informes de "reparo" efectuados desde la Secretaría y la Intervención municipales. De hecho, el perito ha apuntado que el informe del interventor municipal tendría que haber desencadenado la paralización del proyecto hasta que se produjera un levantamiento del reparo de forma motivada, algo que no ocurrió, ya que se estaba advirtiendo a los acusados de que esas modificaciones e importantes desviaciones en el presupuesto, de más del 20 por ciento, exigían licitar esos trabajos para que otras empresas pudieran también presentarse al concurso público.

Superaron cualquier "límite admisible" 

"En este caso, hay modificaciones sustanciales que superan cualquier límite admisible. Se saltaron cualquier norma aplicable y el procedimiento es nulo porque lo incumplieron de forma manifiesta", ha insistido el declarante, quien también ha precisado que de toda esta situación tendría que haber dado buena cuenta en su día el director de obra y, a su vez, arquitecto municipal, también acusado y que cobraba en su doble condición.

Aunque las defensas alegan desconocimiento de los acusados porque nadie les informó de ello hasta 2009, el representante de la Intervención General del Estado ha discrepado abiertamente al recordar que ya en un pleno de septiembre de ese año el entonces teniente de alcalde, Juan Carlos Lázaro, demostró que los acusados eran conscientes de la situación ya que éste, en una respuesta al PSOE, explicó que no se había hecho un modificado previo porque habría que haber estado modificando el proyecto continuamente ante todos los contratiempos surgidos y la celeridad hubiera sido menor.

"Por decirlo gráficamente, aquí se ha colocado el carro delante de los bueyes", ha espetado el perito, quien, además de los dos años de más en los que se prolongó la ejecución del proyecto y la existencia de pagos sin certificaciones de obra, ha denunciado que se siguió la "política de hechos consumados" y luego se quiso dar apariencia de legalidad con un acuerdo llevado al pleno en 2010 para pagar la totalidad de los trabajos, sin el preceptivo expediente de gasto.