La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a cuatro personas de origen nigeriano a penas combinadas de 45 años de cárcel por engañar al menos cuatro jóvenes compatriotas con el objetivo de prostituirlas en Salamanca. El tribunal ha atribuido a dos mujeres y a sus dos hermanos los delitos de trata de seres humanos con fines de prostitución, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y, en alguno de los casos, un delito de falsedad documental. Igualmente, la sala obliga a los condenados a indemnizar conjuntamente a las víctimas con importes por encima de los 120.000 euros a raíz de las secuelas físicas y psíquicas que presentan las víctimas.
La líder del clan utilizó rituales de vudú para coaccionar y engañar a las víctimas. Esta ha sido condenada por tres delitos de tratas de seres humanos relacionados con la prostitución a seis años y medio de prisión por cada uno de ellos. Igualmente, también por otro delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que ha sido condenada a seis meses y un día de cárcel. La pena interpuesta alcanza los 20 años y medio.
Su hermano deberá cumplir 11 años de prisión por dos delitos de trata de seres humanos y por otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Además, deberá asumir junto con su hermana más de 84.000 euros en indemnizaciones a las víctimas.
La segunda de las mujeres condenadas ha sido considerada autora de un delito de trata de seres humanos con fines de prostitución y por uno de falsedad documental, por lo que deberá cumplir una pena de siete años y medio de prisión. El hermano de esta última, que también se encuentra involucrado en la trama, ha sido considerado responsable de un delito de trata y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, habiendo sido condenado a seis años de cárcel en total. Estos dos últimos deberán indemnizar a las víctimas con 50.000 euros.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Ical, buscaba a mujeres que se encontraran en un estado de precariedad económica muy extrema, por lo que en el 2016 varias víctimas fueron captadas en Nigeria por parte de una mujer que era apodada 'Mama Glory', la que es considerada como cabecilla de la trama. Esta reclutaba a las víctimas para su hermana, que residía en Salamanca.
Tras ser llevadas a España, las víctimas eran coaccionadas para que ejercieran la prostitución bajo "sumisión, presión y doblegamiento de la voluntad" al ser sometidas a prácticas rituales muy enraizadas en su cultura, como el vudú. Por ello, estas se veían obligadas a obedecer sus mandatos e instrucciones, entre los que destacaba no acudir a la Policía por el temor de que tanto ellas como sus familiares pudiesen sufrir daños en su salud mental o física o, incluso, la muerte.
Las mujeres fueron trasladadas en "condiciones penosas", según la sentencia, que refleja que atravesaron Nigeria y Libia, para después viajar en patera hasta las costas italianas y pasar desde allí por Francia para acabar llegando a nuestro territorio nacional. Tras llegar a Salamanca, atribuían a las víctimas una deuda que debían pagar a través de prostituirse, además de una cantidad mensual en concepto de alojamiento y comida. Los proxenetas fijaban las tarifas a cobrar a los clientes para que fuera siendo saldada la deuda.
Las tres víctimas que testificaron en los tribunales llegaron a prostituirse de lunes a viernes en distintas calles del extrarradio de la ciudad charra, en el barrio de Buenos Aires y Tejares y durante los sábados y domingos en Valladolid. Haciendo horarios muy amplios y sin poder negarse a atender a los clientes. Tras la finalización de la jornada, se veían obligadas a entregar el dinero obtenido.
La investigación se inició tras la denuncia de una de las sobrinas de la víctima, concluyendo a finales de 2017, momento en el que los agentes de la Policía Nacional irrumpieron en dos inmuebles del paseo de la Estación y la calle Topacio de Salamanca, para acabar deteniendo a los responsables y liberando a las víctimas.