Los presupuestos autonómicos se han convertido en un auténtico talón de Aquiles para el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desde que accedió al cargo en julio de 2019 y este año, de nuevo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha chocado contra su principal asignatura pendiente.

Castilla y León se encuentra irremediablemente abocada de nuevo a la prórroga presupuestaria después de que la Junta haya optado, ante la falta de acuerdo, por no aprobar las cuentas en el Consejo de Gobierno ni remitirlas a las Cortes autonómicas para su debate, como reclama toda la oposición en bloque.

Una situación de prórroga que se ha convertido en la más habitual desde que Mañueco está en el poder. El presidente de la Junta ha encontrado siempre dificultades para presentar las cuentas a tiempo y en enero de 2025 se producirá la quinta prórroga presupuestaria de los últimos seis años, la octava de la historia de la Comunidad.

El año pasado, no obstante, aunque las cuentas de 2023 se vieron prorrogadas el 1 de enero de 2024, ante el retraso de la Junta en presentarlas, el Gobierno autonómico sí que logró sacar los presupuestos de 2024 el 2 de mayo, ante la fortaleza de la coalición entre PP y Vox. Una situación que no se repetirá este año.

Este mismo jueves, tras el Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, reconocía que el Ejecutivo de Mañueco no había logrado sumar "ningún apoyo nuevo" para lograr la aprobación de las cuentas para 2025.

Además, aseguraba, en tono irónico, que contaban con "31 apoyos", en referencia a los procuradores del PP en las Cortes, y apuntaba que, con los votos de los representantes populares en la Cámara, se podría "garantizar" la tramitación de la enmienda a la totalidad, pero no la aprobación de las cuentas. 

En ese sentido, afirmaba que en los últimos días "ningún grupo se ha movido de su posición inicial ni ha acercado posiciones", recordando, además, la renuncia de Vox "a cualquier negociación sobre el presupuesto en todas las comunidades", así como que el PSOE se encuentra en un proceso "que nosotros respetamos".

Carriedo reiteraba, además, la voluntad del Gobierno autonómico en minoría del PP de "alcanzar el acuerdo" para aprobar unas cuentas que se encuentran abocadas al fracaso en una Comunidad que vivirá de nuevo una prórroga presupuestaria.

Unos presupuestos abocados al fracaso

En esta ocasión, Mañueco se verá obligado a gobernar durante todo el año 2025 con los presupuestos del año anterior, salvo que opte por un adelanto electoral en primavera o uno técnico en otoño, ya que el presidente de la Junta no cuenta con mayoría suficiente para sacar adelante las nuevas cuentas.

El exsocio del PP en el Gobierno de la Junta, Vox, ha anticipado su rechazo a las cuentas mientras Mañueco no rectifique su política migratoria y al presidente solo le queda el PSOE, que, por ahora, no se ha mostrado por la labor de votar a favor de unos presupuestos que ha calificado de "propaganda electoral".

Los de Juan García-Gallardo se han negado incluso a acudir a las reuniones con el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, al considerar que la Junta "no ha hecho ningún movimiento" ni ha atendido sus "condiciones". "No tenemos nada que negociar", aseguraron fuentes de la formación a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El PSOE, en cambio, sí que ha acudido a las reuniones con Carriedo y, de hecho, se abstuvo para facilitar que saliera adelante el techo de gasto, como paso previo para la aprobación de las cuentas, pero la negociación de los socialistas con la Junta sobre los presupuestos se encuentra completamente encallada.

La "falta de diálogo"

Tanto Vox y PSOE como el resto de formaciones de la oposición, la Unión del Pueblo Leonés, Soria Ya, Unidas Podemos, Por Ávila y Francisco Igea, han denunciado, además, la "falta de diálogo" de la Junta y han exigido que el Gobierno autonómico registre las cuentas en las Cortes para su posterior debate.

Además, todos los grupos opositores se han mostrado convencidos de que Mañueco no tiene "la menor intención" de aprobar los presupuestos de 2025 y de que busca generar un "relato" que le permita justificar un adelanto electoral a lo largo del próximo año excusado en las dificultades para sacar adelante las cuentas.

La situación de este año es, pues, mucho más delicada que la del año pasado cuando, a pesar de prorrogarse las cuentas de 2023, la coalición entre PP y Vox permitió que, aunque fuese tarde, las cuentas saliesen adelante en el mes de mayo después de cuatro meses con los presupuestos del año anterior prorrogados.

Una situación, la de la prórroga presupuestaria, que se ha convertido en la más habitual en la Comunidad desde que Mañueco está al frente del Gobierno de la Junta y que los grupos de la oposición han denunciado en incontables ocasiones, asegurando que muestra la "falta de capacidad de diálogo" del dirigente autonómico.

Anteriores prórrogas

Castilla y León inició enero de 2024 con los presupuestos de 2023 prorrogados, unas cuentas que habían visto la luz en plazo el 1 de enero de aquel año pero sin la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que los acompañan tras un error en la votación en las Cortes en diciembre de 2022.

En aquella ocasión, los dos grupos que sostenían al Gobierno de la Junta, PP y Vox, aceptaron por error las enmiendas del PSOE en la última fase de la tramitación de la norma y, finalmente, aquel pleno debió repetirse en el mes de enero, cuando las dos formaciones que compartían el Gobierno aprobaron definitivamente la Ley de Medidas.

La anterior prórroga presupuestaria se había producido en enero de 2022, año en el que se prorrogaron las cuentas de 2021 debido a la disolución de las Cortes autonómicas y al adelanto electoral anunciado por Mañueco el 21 de diciembre.

Precisamente, la convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas se produjo solo dos días antes del pleno en el que debían debatirse las enmiendas parciales de las cuentas impulsadas por el Gobierno que compartían entonces el PP y Ciudadanos.

Una supuesta negociación secreta de los presupuestos entre Ciudadanos y Por Ávila fue la excusa que puso el presidente de la Junta para adelantar los comicios, que se celebraron el 13 de febrero de 2022 y que desembocaron en el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, el primero entre ambos partidos en España.

Además, previamente, en los años 2019 y 2020 ni siquiera se llegaron a tramitar las cuentas, en el segundo caso, con Mañueco ya en el Gobierno, debido a la compleja situación generada por la pandemia de la COVID-19.

El presupuesto de 2018, por tanto, se prorrogó en tres ocasiones, en 2019, en 2020 y en 2021 y, antes de la llegada de Mañueco al cargo ya se habían producido prórrogas, aunque en aquellas ocasiones las cuentas se aprobaron a mediados de año.

Durante el Gobierno del popular Juan Vicente Herrera (2001-2019) se produjeron prórrogas presupuestarias de 2011 para 2012 y de 2016 para 2017, aunque en estos dos ejercicios las cuentas se aprobaron a mediados de año, algo que no sucedió ni en 2018 para 2019, aún con Herrera, ni en 2019 para 2020, ya con Mañueco.

La primera prórroga de la historia de la Comunidad se produjo en 2012, cuando el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, convocó elecciones generales para el mes de noviembre de 2011, sin dejar presupuesto para el siguiente año, lo que llevó al Gobierno de Herrera a prorrogar las cuentas de 2011.

Además, Herrera también optó por la prórroga en 2017, tras la comunicación de que las entregas a cuenta que había enviado el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, habían variado a la baja y al no contar el entonces presidente, Mariano Rajoy, con apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Una situación de prórroga que se ha convertido en la tónica habitual cada mes de enero en Castilla y León durante los últimos años, especialmente desde la llegada a la Presidencia de la Junta de Mañueco, que ha encontrado un auténtico talón de Aquiles en la aprobación de las cuentas autonómicas.