La Junta de Personal de las Cortes de Castilla y León ha descartado este miércoles la existencia de acoso laboral por parte del letrado mayor de la Cámara, Marcos Herrero Martínez-Tutor, a una funcionaria del Parlamento autonómico que le denunció por este motivo, según ha informado la Agencia Ical.

El órgano ha entregado este miércoles a la Mesa el informe encargado en la última Junta de Portavoces en relación a la situación del también secretario general de las Cortes tras la petición por parte de la mayor parte de los grupos de la oposición de la suspensión temporal del letrado mayor mientras dure el proceso judicial.

El documento, según la Agencia Ical, ha sido entregado en la Secretaria y se ha dado traslado a la Mesa de las Cortes, que será la encargada de su debate.

En el informe se niega que exista ese supuesto delito que denuncia la funcionaria, por el que el Letrado Mayor está llamado a prestar declaración el 16 de diciembre, después de que su presencia en el juzgado, prevista para el 14 de noviembre, se retrasara debido a una ampliación de la denuncia presentada por el abogado de la víctima.

Peticiones de Igea y Fernández

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea aseguró en la última Junta de Portavoces que el letrado mayor "puede ser suspendido como prevé el Estatuto cuando se abre un procedimiento".

"Este señor, por voluntad expresa del presidente de las Cortes y del PP se mantiene como superior jerárquico de todos los trabajadores del Parlamento, es quien les puede dar o denegar permisos y abrir o no expedientes disciplinarios. Esto va en contra de los principios más elementales", denunció.

Igea aseguró que apartarle provisionalmente "no supone más que preservar un mínimo de dignidad y de decoro en el funcionamiento de las Cortes y evitar daños mayores".

"En el caso de que el proceso siga adelante se va a condenar a las Cortes y a la Mesa y a quienes han afirmado que no procede algo que está previsto en el Reglamento", señaló, asegurando que "el presidente de las Cortes pone su prestigio en juego en esta maniobra" y que "es muy poco comprensible".

"No es el ideal de la protección del denunciante pero esta es la democracia bananera de Castilla y León, todo ello sin prejuzgar la inocencia o culpabilidad y garantizando la presunción de inocencia del acusado", afirmó, asegurando que "la situación del letrado mayor es insostenible desde el punto de vista de la ética política".

Por su parte, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, señaló que "es insostenible que haya testigos subordinados al letrado mayor que está siendo investigado porque eso provocaría el condicionamiento de los testigos".

"Que no se suspenda provisionalmente al letrado mayor es una auténtica vergüenza y la imagen de las Cortes se ve mancillada y ultrajada", afirmó, asegurando que "si Pollán quiere salvaguardar la imagen de estas Cortes y su propia imagen personal lo sensato y razonable sería promover una suspensión temporal del letrado mayor".

El portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, por su parte, planteó que quiere "conocer las implicaciones que tiene el proceso judicial abierto en su función de letrado" y que ha pedido "un informe jurídico de otro letrado de estas Cortes para que aclare las posibilidades jurídicas y decidir una posición".

Presunción de inocencia

El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, por su parte, señaló que "no se sabe si tiene cabida" esa suspensión temporal "porque se han pedido informes a la Junta de Personal y hay que esperar a que se aporten los informes para determinar la situación del letrado mayor". "Abogamos por la presunción de inocencia", afirmó.

El portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, también señaló que mantienen una posición de "necesaria prudencia". "No vamos a participar de juicios paralelos, somos muy respetuoso de la presunción de inocencia y de las garantías procesales del denunciado y de la denunciante y el juez debe tomar decisiones", afirmó.

"No vamos a ser nosotros quienes adoptemos decisiones más severas que las que está adoptando la Administración de Justicia", zanjó. Finalmente, el informe de la Junta de Personal solicitado por la mayor parte de los grupos de la oposición ha descartado la existencia de ese presunto delito de acoso laboral por parte del letrado mayor.