Polémica por un accidente laboral de un trabajador de la Junta en las labores de ayuda por la DANA en Valencia
- Ampacyl-Uscal denuncia una "negligencia" en la determinación de contingencias profesionales tras desvelar que la mutua no se hace cargo de un empleado accidentado.
- Más sobre la DANA: Castilla y León, con pocas posibilidades de sufrir una DANA como la de Valencia, pero "preparada y con guías"
Una nueva polémica ha surgido después de que un empleado de la Junta de Castilla y León haya sufrido un accidente laboral en las labores de ayuda en Valencia por la DANA y la mutua haya trasladado el caso a los médicos de Atención Primaria del Sacyl.
Así lo ha desvelado Aspamcyl-Uscal, que denuncia una "negligencia" en la determinación de contingencias profesionales en los accidentes laborales que se producen en la asistencia de los trabajadores de la Juna a Valencia por la catástrofe.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación han puesto de manifiesto que la Junta, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias se han enviado medios humanos y materiales de la propia estructura de la Administración autonómica.
Entre ellos, efectivos del operativo de Incendios Forestales de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, agentes medioambientales, conductores de autobomba, celadores y bomberos forestales.
El escrito señala que un trabajador, a su vuelta a Castilla y León, manifestó ante el servicio de la mutua de accidentes tener una dolencia producida por un accidente laboral en Valencia, pero éste ha contestado en su informe que debe dirigirse al servicio de Atención Primaria del Sacyl.
Así, desde la mutua se entiende que "no cumple los criterios para considerarse accidente laboral, en cumplimiento del artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social".
Desde Apamcyl-Uscal han apuntado, además, que la mutua "no ha atendido las explicaciones del trabajador", que refirió "el requerimiento de la disponibilidad del empleado público por parte del jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente".
"Ni tampoco que se trata de un convoy de ayuda organizado por la Junta de Castilla y León", han añadido en su comunicado.
En esta línea, han aclarado que los empleados públicos desempeñan "funciones dentro de la organización autonómica" y que las Administraciones públicas "actúan y se relacionan con otras administraciones y entidades" bajo el "principio de cooperación".
Este mismo texto, puntualizan, señala que las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales "deberán colaborar y auxiliarse para la ejecución de sus actos que hayan de realizarse o tengan efectos fuera de sus respectivos ámbitos territoriales".
Además, matizan que el marco de la emergencia a la que se hace referencia, está regulada en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que propone "reforzar los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante catástrofes".
Por todo ello, no entienden que entre la Junta y las mutuas de salud laboral "no se tenga, a fecha de hoy, esta coordinación que determine que la ayuda en catástrofes ha de considerarse como tiempo efectivo de trabajo al mismo nivel que si el servicio se desempeña en el territorio de la Comunidad".
"No tendría sentido, por ejemplo, en verano de producirse un accidente en la asistencia a extinción de incendios forestales en territorios como Galicia o Portugal, o en convoyes que se han enviado en apoyo a otras comunidades", han apuntado.
Por eso, evitan "imaginar qué problemas pueden surgir si se produce un accidente de consecuencias graves para algún miembro del operativo y se considera que no es una contingencia profesional".
Desde Aspamcyl-Uscal han comunicado los hechos a la Dirección General de Función Pública hace dos días para aclarar "en qué condiciones de cobertura sanitaria están acudiendo los empleados públicos en ayuda a la emergencia de Valencia".
Mientras tanto, han asegurado que no han recibido aclaración alguna "ni por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ni por la Dirección General de Función Pública".