La Junta de Castilla y León ha registrado este martes el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía en el Tribunal Constitucional, solo un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diese el pistoletazo de salida a los anunciados recursos de las comunidades del PP contra la medida de gracia dirigida a los líderes independentistas catalanes encausados por el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017. Unos recursos a los que también se ha sumado el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, muy crítico tanto con la norma como con el concierto económico catalán.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado el registro del recurso en su cuenta de la red social X y ha asegurado que el objetivo es "la defensa del Estado de Derecho y del principio de igualdad entre todos los españoles, pilares básicos sobre los que se asienta nuestra Constitución". Además, ha anunciado que la Junta ha pedido la recusación de Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez, al considerar "que deberían abstenerse por su acreditada vinculación con el asunto recurrido".

El recurso se ha presentado en la fecha límite de tres meses después de que la Ley fuera publicada en el BOE el pasado 10 de junio, si bien el anuncio de su presentación arranca del mes de noviembre cuando lo decidió el Consejo de Gobierno. Después de recibir el informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, el Consejo de Gobierno ha acordado de manera oficial autorizar a los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad la presentación del recurso, que se ha realizado hace unas horas, según ha precisado Mañueco.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha asegurado que "la aplicación de la Ley de Amnistía ha supuesto unos privilegios para ciertas personas que han cometido unos hechos delictivos de extraordinaria gravedad. Por eso, confiamos en que el Tribunal Constitucional admita y estime este recurso que hoy se ha interpuesto". Y ha asegurado que el Gobierno de Castilla y León es "serio y responsable, y por eso cumple con los compromisos que va adquiriendo con la ciudadanía".

En este sentido, tal y como avanzó el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y más allá del recurso presentado este martes, la Junta de Castilla y León se comprometió a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por la pasividad que el Gobierno de España está demostrando al no haber convocado todavía una Conferencia de Presidentes para "tratar temas de interés común para todas las comunidades autónomas, como fue en su día el de la amnistía, y como son ahora, en particular, la financiación autonómica, la falta de médicos, o la crisis migratoria, vulnerando con ello los principios establecidos normativamente de interlocución multilateral, de ponderación de las competencias de todas las administraciones, y de consenso". Por ello, dicho recurso se interpuso el 25 de julio, y se ha conocido la semana pasada que ha sido admitido a trámite por el Alto Tribunal mediante providencia de 6 de septiembre.

El consejero de la Presidencia ha señalado que la Comunidad de Castilla y León "está legitimada para interponer este recurso a una ley que supone un perjuicio y un agravio comparativo entre ciudadanos de diferentes comunidades autónomas y de diferentes ideologías, que ven cómo la aplicación de la ley suprime las consecuencias de la comisión de delitos por parte de ciertas personas, mientras que para otras el ordenamiento jurídico sigue siendo de obligado cumplimiento".

Por último, también el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado la interposición de todos los recursos judiciales que sean oportunos ante el inminente concierto económico con Cataluña, "si este llega a materializarse, por vulnerar el derecho de cohesión territorial y solidaridad; un derecho que el Gobierno de España pretende, previsiblemente, eludir a través de sus negociaciones con las fuerzas políticas catalanas separatistas, con el único objetivo de pactar la Presidencia de la Generalitat, y que supondría una merma muy importante de los recursos públicos de la caja única, con el consiguiente perjuicio para los servicios públicos que reciben los castellanos y leoneses".

Por ello, González Gago ha advertido "que nadie tenga ninguna duda: el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco siempre va a actuar en defensa de los derechos e intereses de los castellanos y leoneses, y del respeto al estado de derecho recogido en la Constitución, y utilizará todos los cauces legales a su disposición para seguir protegiéndolos".