La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este miércoles un estudio sobre el sistema universitario público de Castilla y León, en el que, tras analizar su marco estratégico, la organización de la docencia y el desempeño investigador, ha detectado varias deficiencias.
Dichas investigaciones han permitido constatar, según la AIReF, "la falta de planificación estratégica por parte de la Junta", al no disponer de la programación universitaria prevista en la Ley de Universidades de Castilla y León. Algo que, según la institución, deja sin referencias tanto al modelo de financiación como a las propias universidades a la hora de elaborar sus propios planes estratégicos y su posterior desarrollo.
Por otro lado, ha detectado "una amplia heterogeneidad y complejidad" en las metodologías de los planes de ordenación docente de las cuatro universidades públicas de la Comunidad. Y es que, según la AIReF, esta heterogeneidad dificulta a la Comunidad conocer y comprar la realidad de las capacidades y necesidades lectivas.
También se ha identificado un "desajuste persistente" entre las plazas ofertadas en las titulaciones y su demanda por parte de los estudiantes de nuevo ingreso.
"Este desequilibrio es común en el sistema universitario español, pero se ha evidenciado una mayor escasez de plazas en Castilla y León, principalmente en titulaciones de las ramas de ciencias sociales y jurídicas y de ciencias de la salud. También se ha hallado una oferta de plazas no cubiertas superior en las ramas de artes y humanidades e ingeniería y arquitectura", han explicado.
Finalmente, del análisis de la producción científica se ha desprendido que la especialización investigadora de las universidades de la región "es heterogénea".
En base a estos hallazgos, la AIReF ha evaluado una cifra aproximada de 454 millones de euros, como la cantidad que recibió el sistema universitario público por parte de la Junta en 2022, y ha formulado una serie de propuestas generales y específicas que, según la institución, permitirían mejorar la eficacia y eficiencia de este gasto público destinado al sistema universitario en la Comunidad.
En este sentido, ha propuesto a la Junta desarrollar planes estratégicos anuales que sirvan de referencia para el modelo de financiación y los planes estratégicos de las universidades, y ha planteado mejorar los planes de ordenación simplificándolos y homogeneizando su contenido, estructura y metodología.
Del mismo modo, ha sugerido realizar un examen pormenorizado de los desequilibrios detectados entre las plazas ofertadas y las demandadas, y diseñar mecanismos de ajustes; y, en relación a la heterogeneidad en la especialización investigadora, ha propuesto analizar las áreas de conocimiento de cada universidad que han destacado por su producción científica, para después promover el uso de sus prácticas al resto de áreas.