El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mantenido, en la mañana de este martes, 16 de enero, un encuentro con las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) en la consejería para tratar la polémica, que viene de años atrás, sobre la gestión del lobo.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado de Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León también de Aurelio González de UPA-COAG y de Jesús Manuel González Palacín, de UCCL, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha informado de que van a remitir una carta a Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para derogar la orden ministerial que incluye al lobo en el Listado de Especies Protegidas (Lespre) y recuperar la catalogación anterior a septiembre de 2021, cuando este animal era gestionable por Castilla y León al norte del Duero.

El consejero ha hablado de la decisión de la Comisión Europea con el fin de cambiar el Estatuto Internacional Jurídico del Lobo para que la catalogación del animal pase de estrictamente protegida a únicamente protegida, en una decisión, la de cambiar el estatus del régimen jurídico del lobo que tuvo lugar el 20 de diciembre del año 2023.

Juan Carlos Suárez Quiñones se ha remontado años atrás, cuando, en el año 1992, se consideró el lobo como especie protegida, pero se dictaminó que, al norte del Duero, la administración regional podría gestionar el control del animal.

En el año 2021, el Gobierno “sin estudio ni consenso” establecía que “dejaba de ser gestionable el lobo” al norte del Duero, pasando a ser “especie protegida”, en algo que, como ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, “ha tenido efectos negativos para la ganadería y el medio rural” aumentando los daños en “un 30% entre el año 2022 y 2023”. Daños que provocan que decenas de ganaderos. “Queremos que vuelva la razón”, ha señalado el consejero.

Por eso ha informado de que mandarán al Ministerio una carta para “derogar la orden ministerial de catalogación del lobo” y “recuperar la situación del año 2021 al norte del Duero” con el fin de que, desde la Junta de Castilla y León, se pueda gestionar el control del lobo.

“Mandaremos la carta para que, tras la decisión de la Unión Europea, se deje sin efecto la orden ministerial y podamos gestionar el lobo al norte del Duero”, ha apuntado Juan Carlos Suárez Quiñones. 

La segunda de las peticiones que mandará Castilla y León al Gobierno será la “colaboración con la Unión Europea” para que sus directrices “se hagan efectivas y el lobo pase de ser protegido a gestionable en toda Europa”.

El primero de los objetivos, por tanto, de nuestra Comunidad, pasa por conseguir, de nuevo y como antes de 2021, de que entrara en septiembre de ese año la orden ministerial, la gestión del lobo al norte del Duero y luego que se extienda esta medida a toda España.

“Apelamos a la sensatez”, ha asegurado Quiñones, apuntando que esta decisión de la Unión Europea “quema al Gobierno” que ya “va contrarreloj”. 

De la mano de las organizaciones agrarias

Donaciano Dujo, el presidente de Asaja en Castilla y León, ha hablado de que, entre septiembre de 2021, cuando entró en vigor la orden ministerial se han registrado en nuestra Comunidad “12.000 animales muertos por ataque de lobo” y ha afirmado que la postura de su organización es la de pedir al Gobierno “la derogación de la orden que incluía al lobo en el listado Lespre para que sea especie cinegética al norte de Europa”.

“Tenemos claro que apoyaremos a la consejería para derogar la orden. Sin embargo, conseguir que el lobo sea una especie cinegética y gestionable al norte del Duero es insuficiente. Tenemos que ir más allá.  En los primeros seis meses de 2023 registramos nueve ataques de lobo en Castilla y León y esto no hay sector ganadero que lo aguante. Debemos ir más allá, mediante la caza o como sea”, ha afirmado Aurelio González, de UPA-COAG.

Mientras que desde UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha afirmado que “el lobo está en clara expansión desde hace años” y que la imposición del Gobierno, a la hora de establecer la orden ministerial fue “ideológica” asegurando que los daños, por el ataque de lobo, han aumentado en un 30%.

“Es urgente bajar la protección del lobo al norte del Duero y en todo el país. Esperamos que se consiga mediante el diálogo”, ha argumentado Juan Carlos Suárez-Quiñones.

¿Esperanza?

Preguntado el consejero sobre si tienen esperanzas en que el Gobierno les escuche, ha asegurado que “las declaraciones del secretario de Estado en Asturias, no le dan esperanza”. Mientras que José Ángel Arranz, director de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, ha asegurado que permanecerán vigilantes.

“No hay argumentos para mantener la catalogación del lobo como especie que no sea cinegética y controlada por las comunidades. Habrá que tomar cartas en el asunto en la Conferencia Sectorial para dar marcha atrás a la orden”, ha finalizado Donaciano Dujo.

Para dar marcha atrás, el Ministerio puede pedir la nulidad de esta orden o dictar otra que la sustituya y habría otros mecanismos para su descatalogación, pero habrá que esperar. La polémica por el lobo promete permanecer unos cuantos años más.