Castilla y León recibirá dos millones de euros para el desarrollo del Plan de Salud Bucodental, tal y como acordó hoy el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, reunido en Madrid bajo la presidencia de la ministra del ramo, Carolina Darias. En total, el Gobierno repartirá 43,8 millones de euros entre las comunidades autónomas, a los que se suman otros 245.000 euros transferidos al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). El encuentro permitió también la aprobación de la Estrategia de Salud Pública 2022, que se centra en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, según informa Ical.
Así, en la sesión de hoy se dio luz verde a la distribución económica, procedente de los Presupuestos Generales del Estado, del Plan de Salud Bucodental por el cual se amplía la cartera de servicios, después de su aprobación tanto en Consejo de Ministros como en el pleno del propio Consejo Interterritorial de la semana pasada en Valencia.
Esta ampliación de la cartera de servicios de salud bucodental beneficiará a siete millones de personas en España y facilita asistencia odontológica pública “de calidad, universal y gratuita”, con independencia del lugar de residencia y de los recursos familiares de los que se disponga, priorizando además al grupo infantojuvenil (diferenciando entre 0-5 y 6-14 años), embarazadas, personas con discapacidad intelectual y discapacidad limitante de la movilidad de los miembros superiores y personas diagnosticadas de procesos oncológicos del territorio cervicofacial.
Algunas de estas prestaciones son barnices de flúor de alta concentración, selladores de fosas y fisuras que impiden la aparición de las caries y las limpiezas de boca. Se incluyen también los tratamientos odontológicos más necesarios y habituales en la población infantil como empastes en la dentición definitiva, tratamientos no agresivos en los dientes de leche y reconstrucciones y endodoncias ante traumatismos y malformaciones, desde el nacimiento hasta los 14 años.
Estrategia de Salud Pública
Igualmente, la Estrategia de Salud Pública es un documento de trabajo compartido entre el Ministerio de Sanidad, las comunidades y ciudades autónomas, sociedades científicas y otros colectivos, que establece acciones prioritarias para mejorar la salud y bienestar de la población, “creando un marco de referencia para la coordinación de todos los agentes implicados”. Se fundamenta en principios de “equidad y cogobernanza y cuenta con una “mirada de salud en todas las políticas” para fortalecer el enfoque ‘Una sola salud’ o ‘One health’.
El documento marca cuatro líneas estratégicas. La primera, “fortalecer la salud pública para mejorar la salud de la población”; la segunda, “modernizar” la vigilancia en la salud pública para garantizar la capacidad de respuesta ante los riesgos y las emergencias en salud; la tercera, “mejorar la salud y el bienestar a través de la promoción de estilos de vida y entornos generadores de salud, seguros y sostenibles”; y la cuarta, “promover la salud y la equidad en salud a lo largo de la vida”.