El primer Gobierno con Vox echa a andar en Castilla y León. Este jueves se ha celebrado el primer Consejo de un Ejecutivo autonómico compuesto por miembros del partido de Santiago Abascal en sus más de ocho años de historia. La primera medida aprobada en esta reunión del Consejo ha sido el ya anunciado plan anticrisis como respuesta a la situación económica actual dotado de 400 millones de euros, del que ha dado cuenta el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en comparecencia tras la reunión.
Este mismo miércoles, después de la toma de posesión de los consejeros, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguraba que lo que su Ejecutivo tiene que hacer ahora "es gobernar". "Mañana ya va a haber decisiones importantes, vamos a empezar a tomar decisiones en todas las consejerías, por tanto, tranquilidad, vamos a gobernar", afirmaba.
Durante esa jornada, tomaron posesión de su cargo tanto el flamante nuevo vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, como los tres consejeros que corresponden a Vox en virtud del acuerdo alcanzado con el PP el pasado 10 de marzo, tras la sesión constitutiva de las Cortes. En concreto, Gerardo Dueñas asumía la Consejería de Agricultura y Ganadería, Mariano Veganzones la de Industria y Empleo y Gonzalo Santonja la de Cultura y Turismo.
Un Gobierno que marca un antes y un después para Vox
La configuración del equipo de Gobierno en Castilla y León supone un antes y un después para el partido, una postura que ya había anticipado Vox durante la campaña electoral. Durante la misma, tanto García-Gallardo como el líder de la formación, Santiago Abascal, insistieron en que Vox exigiría entrar en un Gobierno por primera vez, después de tres años apoyando de forma externa los Ejecutivos de la Comunidad de Madrid, Murcia y Andalucía. "No pedimos ni más ni menos que otros partidos", aseguraban ambos líderes, en referencia a las cuatro consejerías y la vicepresidencia que ostentó Ciudadanos entre 2019 y 2021, contando con un procurador menos que Vox.
Finalmente, el partido dirigido en la región por Juan García-Gallardo ha tenido que conformarse con un departamento menos de los que tuvo Ciudadanos en la anterior legislatura. En esta ocasión, el dirigente autonómico de Vox ostentará una vicepresidencia sin cartera y prácticamente sin funciones ejecutivas, mientras que Francisco Igea, su predecesor en el cargo, compaginó ser el número dos de la Junta con la Consejería de Transparencia.
Después de las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, en las que el partido irrumpió con una fuerza no prevista por ninguna empresa encuestadora, Vox inició una estrategia basada en apoyar externamente al PP en diversos Ejecutivos autonómicos. En ese momento, la formación contaba con cuatro años de existencia pero no había obtenido ninguna representación de relevancia, salvo unos pocos concejales y alcaldías en pequeños pueblos. La situación generada tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y la personación como acusación popular por parte del partido, otorgó una proyección mediática a Vox que se reflejó en las urnas.
El éxito en Andalucía tuvo su eco en las elecciones generales de abril de 2019, en las que obtuvo 24 escaños –la primera vez en la que un partido a la derecha del PP lograba representación parlamentaria en 40 años, desde el escaño de Blas Piñar, de Fuerza Nueva, en 1979– y el altavoz en el Congreso sirvió de escaparate de cara a las elecciones autonómicas y municipales del mes siguiente.
En estos comicios, Vox logró una importante representación que le permitió ser llave de Gobierno en dos regiones, además de en Andalucía. En la Comunidad de Madrid, sus 12 escaños permitieron al PP mantener el Gobierno in extremis tras perder las elecciones, y encumbraron a Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta autonómica. En la Región de Murcia los populares perdieron las elecciones por primera vez desde 1995, pero los representantes de Vox sirvieron de salvavidas al PP, al igual que en Madrid, para mantener el poder. Además, los concejales del partido permitieron recuperar al PP uno de sus buques insignia: la alcaldía de Madrid, que habían perdido en las elecciones municipales de 2015. Seis meses después, en la repetición de elecciones de noviembre, el partido logró 52 escaños y se convirtió en la tercera fuerza política del país.
Después de tres años, a juicio de Vox, estos acuerdos autonómicos no habían cumplido las expectativas de Vox ya que, según Abascal, el PP había incumplido los pactos. Esto llevó al partido a un giro de 180 grados en su estrategia y comenzó a dejar entrever que solicitaría su entrada por primera vez en un Ejecutivo, para "controlar" al PP y velar para que se cumplieran los acuerdos. La convocatoria de elecciones anticipadas en Castilla y León, tras el adelanto anunciado por Mañueco en diciembre de 2021, obligó a los de Abascal a adelantar los tiempos y marcarse esta comunidad como primer objetivo de gestión. El líder del partido ya anticipó que la Comunidad se convertirá en "el piso piloto para el futuro de España".
Mañueco: del "Gobierno en solitario" al acuerdo con Vox
Una vez convocadas las elecciones anticipadas y disuelto el Gobierno de coalición con Ciudadanos, el PP de Mañueco se mostraba confiado en poder acercarse a los 41 años que conceden la mayoría absoluta y tener que depender, como mucho, de la abstención de algunos de los partidos provinciales que afrontaban estos comicios como la primera cita electoral de importancia para el movimiento de la España Vaciada. Pero según avanzaba la campaña electoral y se iban conociendo encuestas, tanto externas como internas, la inquietud por la posibilidad de no lograr su objetivo comenzó a hacerse cada vez más presente. Un miedo que, como se demostró después, no era infundado.
La noche electoral del 13 de febrero el PP obtuvo 31 escaños, solo dos más que en 2019, y cosechó su peor resultado histórico en número de votos en la región. Se cumplían, pues, los peores pronósticos de los populares y Mañueco se veía abocado a lanzarse a los brazos de Vox, que había pasado de tan solo una procuradora a 13 representantes, si quería conservar el poder.
En un principio, Mañueco se cerró a dejar entrar al partido encabezado por Juan García-Gallardo en el nuevo Ejecutivo, en la línea marcada por la dirección nacional del PP, que apostaba por un Gobierno en solitario de los populares. El propio presidente del partido, Pablo Casado, cerró la puerta a la posibilidad de un acuerdo que implicase la entrada de Vox en el Ejecutivo y alertó contra "el populismo y el extremismo", en referencia a los de Santiago Abascal, solo 48 horas después de conocerse los resultados electorales.
Pero cuando se acababa de iniciar la primera ronda de negociaciones para conformar el nuevo Gobierno, sucedió algo que lo cambiaría todo. La guerra interna desatada en el PP a nivel nacional –tras conocerse un presunto espionaje de la dirección a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso– dejó a Casado en una situación de debilidad que debilitaría a su vez su firme posición con respecto al pacto en Castilla y León.
Esta situación, junto con la convocatoria del Congreso extraordinario del partido y el encumbramiento de Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del PP a nivel nacional, reforzó la independencia de Mañueco para negociar con manos libres su nuevo Ejecutivo. Finalmente, el 10 de marzo, quince minutos antes de la sesión constitutiva de las Cortes de la XI Legislatura, el presidente en funciones anunciaba un acuerdo de Gobierno con Vox que implicaba la vicepresidencia, tres consejerías y la presidencia de la Cámara para los de García-Gallardo, unos puestos que eran exigencia innegociable para Vox, que tenía intención de utilizar Castilla y León como su primer laboratorio de experimentación de gestión.
Un Ejecutivo con retos inmediatos por delante
Una vez conformado el Gobierno de coalición entre PP y Vox, tras la toma de posesión de todos sus componentes, llega la hora de gobernar y gestionar una comunidad autónoma que ha estado dirigida durante casi cuatro meses por un Ejecutivo en funciones.
Durante su discurso de investidura, Mañueco ya anticipó algunas de las cuestiones que serían prioritarias para su Gobierno: una Ley de Violencia Intrafamiliar cuya tramitación se inicie antes del 31 de julio y que coexistirá con la Ley de Violencia de Género autonómica, un Decreto de Concordia que sustituya al Decreto de Memoria Histórica aprobado por los mismos populares en abril de 2018, iniciar los trámites del proyecto de ley para rebajar el IRPF "a todos los contribuyentes en el primer tramo del impuesto" y la puesta en marcha de un plan anticrisis.
Son estas dos últimas medidas las primeras que han sido aprobadas en el Consejo de Gobierno de este jueves con el objetivo de "ayudar a la recuperación de la economía y el mantenimiento del empleo" en la Comunidad. Un Consejo que ha contado con la participación de miembros de Vox por primera vez en la historia del partido.