CEOE y CCOO y UGT debían negociar este año 111 convenios en Castilla y León y sólo han cerrado 35 para 80.000 personas, con una subida media salarial pactada del 1,47; con lo que están pendientes 76 para 132.0000 asalariados, y el IPC acabará el año en el entorno del cinco por ciento sin que mejoren sus retribuciones.

“La patronal bloquea la negociación colectiva y congela salarios en un contexto de inflación galopante que provocará una grave pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores”, según denunciaron hoy los secretarios autonómicos de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, que anunciaron el inicio de un conflicto a nivel confederal este jueves, 16 de diciembre, en Castilla y León, Madrid y Valencia, con movilizaciones para exigir negociación y retribuciones dignas a los empresarios, y también que el Gobierno equilibre fuerzas con la derogación ya de la reforma laboral, tal y como informa Ical.

Manifestación

Valladolid acogerá ese día en la Plaza de Fuente Dorada a partir de las 11:00 horas, la concentración de delegados de ambas organizaciones, que advirtieron que este acto solo supone el punto de partida para un “conflicto largo” si los empresarios no asumen sus responsabilidades, en un contexto de crecimiento en España, con beneficios empresariales y ayudas a los ERTE, créditos y fondos de la UE.

Andrés cargó contra una clase empresarial “desleal” y “desagradecida” al colectivo de trabajadores, que ha estado a la altura durante toda la crisis de la COVID, y que sufre congelaciones o mermas salariales, cuando llega la recuperación. “Es bochornoso y poco responsable”, dijo, pare exigir un “pacto de rentas” y recordar que los salarios constituyen el elemento principal de sostenimiento del ciclo económico, ya que más del 80 por ciento está ligado al consumo interno. “Los empresarios sólo miran a sus propios intereses y están haciendo política, lo que constituye un error histórico”, advirtió, para poner sobre la mesa un “conflicto largo” sino hay respuesta.

Faustino Temprano lamentó que “casi todos” los convenios a negociar este año están pendientes en la Comunidad, y lamentó que a nivel confederal no se haya podido suscribir un nuevo Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), tras caducar en 2020, que marque el camino para desbloquear todos los convenios pendientes.

Temprano también denunció que el compromiso de alcanzar 1.000 euros de salario mínimo en los convenios “no se ha cumplido” en la mayor parte de los acuerdos en España, y en Castilla y León el incumplimiento ha sido “flagrante”. “La negociación colectiva está siendo compleja, difícil y sin fluidez”, dijo, para anunciar que seguirán con las movilizaciones si la patronal no “se sienta a negociar”.

“Los salarios deben subir con la elevada inflación, ya que el año se cerrará en torno al cinco por ciento y sólo están ofreciendo subidas medias del dos por ciento, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo”, dibujó el dirigente sindical, quien defendió que elevar retribuciones no destruye empleo, sino que dinamiza la economía a través del consumo interno. Aseveró que es lamentable que la patronal solo firme acuerdos cuando el dinero es de otros, como en el Diálogo Social.

Toque al Gobierno 

Vicente Andrés indicó también que la movilización prevista servirá para dar otro toque al Gobierno, para que “no decepcione” y establezca un marco normativo que “reequilibre las fuerzas entre trabajadores y empresarios”. “Es insostenible aceptar el chantaje actual”, dijo. Así, defendió que se necesita una “reforma laboral profunda, no estética”, y advirtió al PSOE que será “difícil” que vuelva a gobernar en España sino restituye los derechos de los trabajadores.

Faustino Temprano apeló a cambiar ya la legislación laboral en España y derogar la reforma de Mariano Rajoy de 2012, que otorgó “todo el poder” a los empresarios y deseó que se pueda alcanzar un acuerdo a finales de esta semana. “Hay que restablecer el equilibrio en la negociación colectiva”, resumió.

Al respecto, apeló a recuperar la ultraactividad; la prevalencia de los convenios sectoriales; frenar la temporalidad, y acabar con los descuelgues empresariales. Además, pidió una subida del SMI hasta los 1.000 euros en 2022, y hasta el 60 por ciento del salario medio en convenio en 2023, unos 1.060 euros. Por último, exigió que los ERTE constituyan un “instrumento permanente para el futuro”.