La Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud, se trata de un derecho al que se debe de acceder en condiciones de equidad y universalidad, es un derecho primordial de toda persona. Cualquier ciudadano en cualquier lugar del territorio español debería tener el mismo acceso y en las mismas condiciones para recibir atención sanitaria, sea una Comunidad Autónoma u otra, sea una provincia u otra, una ciudad u otra, y viva en el medio rural o no. Desgraciadamente esto no se cumple.
No es así, porque se incumple la Constitución Española por parte del Gobierno central y esto ha sucedido desde el inicio de la democracia. Todos los gobiernos centrales de cualquier color político han dejado que las Comunidades Autónomas camparan a sus anchas desde el momento en que les transfirieron las competencias en esta materia.
La sanidad es una competencia en la que el Estado mantiene la superior dirección para garantizar precisamente esa igualdad para todos los ciudadanos, por eso la propia Constitución lo promulga ya que le atribuye “fijar las bases y la coordinación general de la protección sanitaria”. El problema radica en que históricamente todos los Gobiernos de este país desde 1978 con la creación del Estado Autonómico y el establecimiento de las 17 Comunidades Autónomas, han hecho dejación de su obligación de mantener una prestación de servicios sanitarios idénticos en todas las ciudades y pueblos de nuestro país. Si el Estado mantuviera un férreo control y ejerciera sus competencias en materia sanitaria se garantizaría la igualdad en la prestación de este servicio.
Nuestra Constitución reza en su art 1 que España es un Estado social y democrático de Derecho. Para garantizar este carácter social en todo el país le corresponde al Gobierno velar por la igualdad en el acceso a todos los servicios y prestaciones de carácter social, entre ellas el acceso a las prestaciones sanitarias que son un derecho básico, diría yo que el más importante al que tenemos derecho todos los españoles.
Sanidad en el medio rural
La salud es un bien fundamental, el que más nos preocupa que este protegido y sobre el que necesitamos obtener pronta y completa atención. Tengo una buena amiga, Soledad, que vive en un pueblo de Valladolid y que lleva seis meses padeciendo una afección renal provocada por un cólico que sufrió en el mes de noviembre, con fuertes dolores que la han llevado a permanecer de baja laboral durante más de un mes. Durante todos estos meses la han atendido sólo telefónicamente. No le ha realizado ninguna prueba hasta que ya por fin le han dado cita para el próximo día 19 para una prueba en el hospital. Pero no la verá el especialista hasta el 15 de septiembre. Desde luego para entonces se la pueden haber deshecho las piedras e incluso el riñón…. Este es un buen ejemplo de la lamentable atención sanitaria que recibe un vecino de un pueblo en Castilla y León.
Covid
Durante la pandemia pudimos comprobar la desastrosa gestión sanitaria que se llevó a cabo en todo el país. No se realizó ningún tipo de coordinación por parte del Estado: ni en cuanto a la atención a los pacientes de COVID, ya que nos encontramos con CC.AA. que no podían ingresar a los enfermos porque estaban colapsadas y saturadas frente a otras que disponían de camas libres, pero el Estado no coordinó nada, a diferencia de países como Francia o Alemania que vimos como trasladaban enfermos en su territorio para que pudieran ser atendidos. Por otro lado, tampoco se coordinó la adquisición de mascarillas y de material de protección para los sanitarios, lo que dio lugar a la política del “sálvese quien pueda” y a que cada Administración hiciera lo que podía para conseguirlo. Y ahora cuando han pasado dos años empezamos a darnos cuenta de que muchos contratos se hicieron sin los controles legales necesarios y que incluso el material adquirido no servía.
Listas de espera
A principios de esta semana conocíamos que hay más de 700.000 personas en lista de espera para ser operadas por la sanidad pública. Estamos ante el peor dato de los últimos 20 años. Además, este dato refleja la desigualdad sanitaria que tiene nuestro país: hay CC.AA. de primera y de segunda porque en algunas hay que esperar 183 o 156 días y en otras los tiempos de espera son de 73 y de 71. Castilla y León, con 144 días, vuelve a estar entre las primeras CC.AA. en las que más días hay que esperar.
No digamos ya las diferencias entre las ciudades y el medio rural, aquí ya para cualquier afección menor los tiempos de espera para una consulta ni se computan, como en el caso que acabo de citar.
Estamos en pleno S XXI, con las comunicaciones que admiten todo tipo de posibilidades y decisiones, con unos excelentes profesionales sanitarios. Por qué no poner un poco de innovación por parte de los responsables políticos que es a quienes les corresponde hacerlo, diseñar un nuevo Plan de Atención Sanitaria para el medio rural, eso sí claro, empezando por garantizar la conectividad en todo el territorio para desarrollar iniciativas ligadas a la digitalización que permitan una más rápida y eficaz atención en los pueblos. Desarrollar modelos de gestión que permitan que sea el personal sanitario quien se desplace a los pueblos para los casos menores, que sea el personal de enfermería quien acuda al domicilio para curas y asistencia rutinaria como controles de tensión, de diabetes... ya que en algunos casos sería más eficaz.
En definitiva, necesitamos que la atención sanitaria sea igual para todos los españoles vivan donde vivan, con independencia de la Comunidad Autónoma, o de si vives en la ciudad o en el medio rural.
Si queremos que los pueblos recuperen población y la gente quiera vivir en ellos, entre otras muchas cosas lo primero y fundamental que necesitamos es que la sanidad que se presta sea igual que en las ciudades. No podemos tener ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera.