España es el primer país de la Unión Europea en obligar a los mataderos a disponer de cámaras de videovigilancia para garantizar el bienestar animal antes de su sacrificio.

A la Asociación de Mataderos de Castilla y León (Amacyl), la medida no les parece mal. De hecho, muchos de estos recintos ya contaban con estas cámaras por voluntad propia en sus instalaciones. Pero sí consideran que es "exagerada y poco congruente". 

José Mulero, portavoz de Amacyl (Asociación de Mataderos de Castilla y León), considera que la nueva norma "no tiene sentido cuando ya hay veterinarios de la Administración vigilando porque se cumplan las leyes de bienestar animal", y se pregunta qué sentido tiene "que se preocupen de forma tan exagerada porque el animal no sufra antes de ser sacrificado, y se permita luego el degüello por el rito musulmán, que a nosotros no nos parece mal que así se haga, pero no tiene ningún sentido entonces que se demonice así al sector con un exceso de normativa en este sentido", indica.

La publicación del Real Decreto de Videovigilancia en Mataderos aprobado ayer por el Gobierno que obliga a estos centros a disponer de cámaras que registren cómo se trata al animal antes de su sacrificio, es "un paso más para demonizar a un sector fundamental para alimentar a la población". 

En su opinión, todo deriva de que "la sociedad ahora cree que los filetes vienen de Amazon sin más, y no. Vienen de animales a los que hay que sacrificar para poder comer".

Los animales llegan en camiones hasta los mataderos de la Comunidad, y una vez descargados y estabulados "se les da agua y comida durante el tiempo de espera". Posteriormente se les pasa por un lector que recoge qué animal es y lo identifica, antes de colocarles una pinza eléctrica para que no sufran.

En Amacyl entienden que hay que procurar el menor perjuicio posible a los animales antes de su sacrificio, pero se preguntan "por qué no ponen esas cámaras de videovigilancia en todas las residencias de ancianos, donde hay personas, no animales, por ejemplo".

El nuevo Real Decreto del Gobierno obliga, además, a guardar las imágenes durante 30 días y a que puedan ser inspeccionadas en caso de que la Administración lo solicite. La inversión para colocar este circuito de vigilancia "es lo de menos, lo que nos molesta es esa actitud constante que traslada al ciudadano una imagen negativa de nuestro trabajo", asegura Mulero.