La cuerda entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España vuelve a tensarse. La nueva batalla entre sendas administraciones originada por la tuberculosis bovina ha dado un nuevo giro en su guion con el Ejecutivo autonómico como protagonista. Y es que la Consejería de Agricultura y Ganadería, liderada por el consejero de Vox Gerardo Dueñas, ha publicado este miércoles en el Bocyl la suspensión de su Resolución del 10 de mayo que flexibilizaba algunas de las medidas para luchar contra la enfermedad, tal y como había resuelto el TSJCyL como medida provisional. Además, desde el Gobierno autonómico han dado por hecho que esto supondrá igualmente la anulación de la Orden Ministerial del 29 de mayo que decretaba la prohibición de la movilidad del ganado de la Comunidad. Ahora bien, desde el Ministerio se está estudiando la situación.

Según publica hoy el Bocyl, tras tener constancia la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera del Auto de 5 de junio del TSJCYL, se ha acordado la medida cautelar consistente en la suspensión de la aplicación de la Resolución de 10 de mayo de 2023, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, por la que se desarrollan determinados aspectos de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes. Así como la publicación de esta resolución, a la mayor brevedad, en el Boletín Oficial de Castilla y León y no hacer especial declaración en materia de costas procesales, según indica la resolución. No obstante, no hace alusión ninguna a la anulación de la orden del Ministerio que dejaría invalidadas las restricciones a la movilidad del ganado como avanzó este martes la Junta de Castilla y León en un comunicado. 

Sin embargo, fuentes del alto tribunal de Castilla y León consultadas por este medio no aclaran si la suspensión de la resolución de Castilla y León que motivó que el Ministerio de Agricultura decretara la inmovilización del ganado en esta Comunidad Autónoma supone, asimismo, que dicha medida del Gobierno de España dejaría automáticamente de estar en vigor, y se circunscriben exclusivamente a la resolución del TSJCyL, que afecta únicamente a la norma autonómica.

Ahora bien, fuentes jurídicas apuntan a que lo lógico sería que así fuera, si bien subraya que corresponde en todo caso al Ministerio de Agricultura.

Por su parte, el actual consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha confirmado que la Junta mantendrá abierto el contencioso sobre la legalidad de la resolución autonómica en cuestión, ya que ningún tribunal ha emitido una sentencia que determine su ilegalidad hasta el momento, según señaló en declaraciones recogidas por la agencia Ical. 

Asimismo, González Gago ha recalcado la posición de que con la suspensión cautelar de la Resolución "decae la eficacia de la Orden Ministerial y se vuelve al estado previo".

Ataque de la portavoz del Gobierno a la Junta

Tras el Consejo de Ministros de este martes, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha atacado a la Junta por crear "falsas expectativas" a un sector "tan importante" como es la ganadería y "contraviniendo" la legislación estatal y comunitaria que está vigente, según las declaraciones recogidas por la agencia Ical.

Rodríguez, que ha hablado de "discrepancia" entre administraciones, ha asegurado que se ha puesto "en evidencia" que "no se puede utilizar la falsedad". En estos momentos, los servicios jurídicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se encuentran evaluando la situación legal que se ha originado por el auto del TSJCyL, según han señalado fuentes oficiales a la agencia Ical.

Toda esta rencilla entre administraciones viene dada por las medidas impulsadas desde la Unión Europea y el propio Ejecutivo autonómico para atacar a la propagación de la tuberculosis bovina en todo el territorio. En este sentido, entre las actuaciones que se contemplan se encuentran diferentes restricciones de movimiento de ganado o sacrificio en caso de infección.

Unas medidas que han sido muy criticadas por el colectivo ganadero, que se sienten en la cuerda floja y creen que les van a "arruinar". Como respuesta a ello, la Junta emitió la Resolución del 10 de mayo al objeto de poder flexibilizar dichas actuaciones, pero siendo "contraria a la normativa de saneamiento europea y estatal", según señalan desde el Gobierno y lo que ha dirimido en la batalla entre ambas administraciones.

Además, la tensión ha llegado especialmente a la provincia de Salamanca, donde se encuentra la mayor comunidad bovina de Castilla y León y la prevalencia de la enfermedad es más elevada. Esto llevó al colectivo de ganaderos a manifestarse frente a la Delegación Territorial de la Junta para exigir el cese de los funcionarios que eran más reticentes a aplicar la normativa de flexibilización del saneamiento.

En el momento que los representantes de la Unión por la Ganadería accedieron al interior del inmueble para negociar vía telefónica con el consejero Gerardo Dueñas este pasado lunes, una avalancha de asaltantes trató de entrar al edificio, provocando unos graves disturbios y daños que acabó con 11 policías y un manifestante heridos y un detenido.

Asimismo, desde la Subdelegación del Gobierno señalan que todavía no se descartan más detenciones, ya que la investigación permanece abierta y se estudiarán las imágenes para tratar de identificar a los responsables y a aquellos que ocasionaron los daños a la entrada del edificio.