El Consejo de Ministros autorizó a la Junta de Castilla y León la posibilidad de formalizar operaciones de deuda a corto y largo plazo, por un máximo de 2.288 millones de euros. De ellos, 1.188 serán a largo, para atender las necesidades financieras de 2022, de las que la mayor parte se destinarán a financiar las amortizaciones de deuda a largo plazo del ejercicio; y otros 1.100 a corto, destinados a atender necesidades transitorias de tesorería en este año, según informa la agencia Ical.

Todas estas autorizaciones podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2022.

Junto a Castilla y León, el Consejo de Ministros da luz verde a este tipo de procedimientos a Madrid, Andalucía, País Vasco, Navarra, Galicia y Aragón. Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).