El 30% de los autónomos de Castilla y León no recuperará su actividad prepandemia hasta 2023

Los autónomos de Castilla y León se encuentran en una situación delicada. Al menos el 30% de estos emprendedores no recuperará su actividad a niveles prepandemia hasta 2023 y 4.410 de ellos perciben ya la prestación por cese de actividad.

El presidente de la Asociación de Autónomos en España (ATA), Lorenzo Amor, recuerda que se trata de un sector que "se está intentando recuperar de la caída de actividad producida por la irrupción de la Covid19".

Así lo ha manifestado en el encuentro mantenido hoy con representantes de la CEOE de Valladolid, donde ha recordado que "no se puede seguir ordeñando más la vaca porque la vaca no da más leche", en relación a la política del Gobierno de Pedro Sánchez de subir impuestos directos a empresas y autónomos.

Algo que desde la propia CEOE y ATA no comprenden por su "impacto directo en que autónomos y empresarios se planteen invertir", lo cual repercute de forma inmediata en sus intenciones de ampliar sus plantillas.

El Gobierno se queda solo en sus previsiones de crecimiento

Los principales organismos de análisis económico, como el INE, el Banco de España o la AIREf (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) o el FMI, están reduciendo a la baja unas previsiones de crecimiento para España que ya sólo mantiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

De hecho, el Gobierno anunció que la economía del país crecería en torno al 6,2% en 2022, y la última en corregir los optimismos del Ejecutivo ha sido Bruselas, que sitúa las previsiones de incremento del PIB español en un 4,6%. 

Uno de los principales caballos de batalla en materia económica y que va directamente ligado al empleo, es la de reducir la temporalidad en los contratos que se suscriben.

"Europa demanda reducir la temporalidad, para llegar a esa media que tiene la UE, pero nuestra economía es la que es, y tiene esa dependencia del sector servicios donde se concentra gran parte de esos contratos temporales", recuerda Amor.

Una temporalidad que en el sector público está en el 32% y en el privado en el 23%, por lo que "todos debemos trabajar en este sentido" pero "sin asociarlo con la precariedad porque eso significa desconocer cómo funciona una empresa", añade.

"Cuando una empresa contrata de extra a un empleado por un aumento de la demanda en un momento puntual, si se cumple el convenio, no existe precariedad; es injusto relacionar temporalidad con este concepto".

"En noviembre la tasa de contratos fijos ha sido del 14% en el conjunto de todos los suscritos en España. Un buen dato que no veíamos desde 2007", apunta el presidente nacional de ATA.

Más flexibilidad

En el actual escenario, Amor se ha referido de manera clara a la agenda económica del Goberno central que pasa por una Reforma Laboral que ha generado mucha controversia, dado que dejó a un lado las posturas de la CEOE, y que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado quedará aprobada antes de que finalice el año.

En este sentido, Amor considera que las soluciones para reactivar la economía que el Gobierno de Pedro Sánchez propone, "son en realidad la puntilla para acabar con nuestras actividades".

El presidente de ATA considera impropio anunciar constantemente nuevas subidas de impuestos cuando quienes generan empleo "están intentando aún sobreponerse del parón de actividad provocado por la pandemia".

De hecho, España tiene una presión fiscal un 6,6% superior a la de la UE y muy por encima de la mayor parte de los países de la OCDE. Entre las grandes economías avanzadas, tan solo Italia presenta un esfuerzo fiscal superior al de nuestro país.

Ámgela de Miguel, presidente de la CEOE en Valladolid, considera que "subir impuestos en este contexto va a ser contraproducente ya que desaniman la oferta productiva y el consumo, justo lo contrario de lo que requiere nuestra economía, y deterioran las expectativas, provocando una caída en la confianza".

Economía sumergida

Amor ha lanzado un mensaje al Gobierno central animándolo a encontrar vías de recaudación que lesionen menos la asfixiante situación por la que atraviesa el sector en España, como es la de "combatir la economía sumergida en España", que con un 22% se encuentra muy por encima de la media europea, situada en el 13%.

En este sentido, la CEOE de Valladolid considera inoportuno poner sobre la mesa cambios normativos que puedan implicar una mayor fiscalidad o que coarte la flexibilidad interna de las empresas.